El abono que perime en dos días corresponde a un compromiso con los deudores de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP), que depende de la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Suárez reconoció que los ingresos fiscales al BGF “están finitos”, por lo que el gobierno realizar ajustes para inyectarle liquidez a fin de cumplir con el pago superior a 100 millones a los bonistas, también a inicios de agosto próximo.
“El flujo de efectivo está delicado por lo que estamos estableciendo las prioridades operacionales y no vemos que haya el dinero disponible para el pago”, dijo el alto cargo.
El funcionario justificó que se pague la deuda del BGF porque se hace con la liquidez que posee la institución, mientras que la CFP depende de transferencias del gobierno central, que está limitado debido a una deficiencia en caja de 600 millones de dólares.
A eso se suma que Puerto Rico no cuenta ya con acceso al mercado de capital para obtener financiación a corto plazo mediante las denominadas Notas de Anticipación de Impuestos, conocidas como Trans en inglés.
La situación se produce al fracasar las negociaciones para que el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), principal de oposición, baraje junto al gobierno controlado por el Partido Popular Democrático (PPD), defensor del actual Estado Libre Asociado (ELA), posibles salidas a la crisis fiscal del país.
El secretario general del PNP, diputado José Aponte, anunció la decisión de retirarse de la mesa para establecer un plan de ajuste fiscal a cinco años porque el gobierno se ha negado a darle acceso a la base de datos del BGF para conocer la realidad de sus finanzas.
El también diputado anexionista explicó que el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, tomó la determinación de retirarse porque la participación en las conversaciones estaba resultando decorativa.
Pierluisi, quien es por elección delegado de Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos, acusó al gobernador Alejandro García y a su equipo de gobierno de no atender los reclamos que le hiciera en las pasadas dos semanas para que se viabilizara “una participación transparente y efectiva”.
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) rechazó desde inicio la invitación del gobernador García Padilla por entender que el problema es zafarse del control político y económico que ejerce Estados Unidos.
El presidente del PIP, Rubén Berríos Martínez, considera que la prioridad debe ser entrar en la búsqueda de una solución al centenario problema colonial, que un sector del PPD considera que se resolvió hace 63 años con el ELA, sistema de gobierno que permitió a Washington escapar de la supervisión de las Naciones Unidas.
Con uan deuda pública de 72 mil millones de dólares -ya que hace varias semanas abonó de forma sigilosa el pago de mil millones-, el gobierno de Puerto Rico, bajo el dominio colonial de Estados Unidos desde 1898, está al borde de la bancarrota.
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