El Ministerio Público (MP) abrió una investigación contra la casa de inversiones Principia Financial Group, representados por Gal Vardi, Rafael Nieto y Lina Patricia Giraldo Mazo, quienes podrían haber incurrido en el delito de estafa contra al menos cien personas.La Fiscalía Quinta de Descarga admitió una denuncia interpuesta por la firma de abogados Córdoba Chen y Asociados contra la empresa, por un supuesto delito contra el patrimonio económico, en su modalidad de estafa.
Entre los argumentos en que se sustenta la querella penal interpuesta por la firma de abogados está que la empresa utilizaba empleados extranjeros, sin permisos migratorios y sin contratos de trabajo, que no tenían capacitación, ni licencia para realizar sus labores, en una violación artículo 23 de la Ley de Valores.
Otro hecho que materializa el delito de estafa, según la querella, interpuesta en representación de Lucas Ezequiel Puebla Stern, Shilima Murillo y Anthony Guerra, es la alteración de su modelo de negocio, según los permisos ortorgados por la Superintendencia del Mercado de Valores.
‘(...) Se declara abierta la presente investigación encaminada a cumplir con lo estipulado en los artículos 1992, 2031, 2032 y 2044 del Código Judicial, a fin de investigar el delito que se trata, descubrir y solicitar en el momento oportuno el enjuciamiento del o de los responsables', señala una de la institución que administrada justicia y que fue firmado por la fiscal Malesky E. Halphen M. y la Secretaría Judicial Mitzeellee Marín.
ANÁLISIS JURÍDICO
La solicitud del bufete de abogados establece que la casa de valores manejaba el negocio de asesoramiento y capacitación de las personas que contactaban para iniciarlos en el negocio bursátil. ‘Su trabajo consistía en asesorar y no participar ni disponer de los fondos', señala la denuncia, que fue aceptada el pasado mes de junio.
La SMV, por su parte, señaló previamente que Principia Financial Group, Inc. ‘no propicia la seguridad, transparencia y protección del público inversionista' y agregan que ‘adolecen de confiabilidad en lo que respecta al manejo de sus clientes”.
El Ministerio Público, por su parte, señaló que estudian ‘la posible comisión del delito contra el orden económico, contemplado en el Título VII, Capítulo III del Libro Segundo del Código Penal'.
El 23 de junio de 2016, la Fiscalía Quinta de Descarga remitió la investigación a la Fiscalía Primera, a cargo de Otilia González de Londoño, a quien se designó como especializada en delitos financieros, ambientales y ordenamiento territorial.
BLANQUEO DE CAPITALES
La fiscal González de Londoño, por su parte, ha autorizado a la División de Delitos de Blanqueo de Capitales para que confirme, entre otras cosas,si la empresa contrataba empleados extranjeros, sin documentación migratoria ni permisos de trabajo y, además, les realizaba sus pagos en efectivo, para no dejar evidencia de la procedencia del dinero, evadir al fisco y evitar cumplir con las prestaciones laborales.
La fiscal tambien ha pedido establecer si la sociedad anónima tenia licencia para operar como asesora o capacitadora para ofrecer produtos financieros. Requiere, asimismo, establecer las cuentas bancaias , los movimient os de dineros, detallar los activos, pasivos, dinero en efectivo y en cuenta. etre otras aspectos de su operación.
Dentro del expediente, la firma de abogados solicitó a través de un recurso que se decrete un secuestro penal a la administración de Principia Financial Group, así como la cautelación de sus cuentas, bienes, acciones, depósitos nacionales e internacionales de conformidad al artículo 2051 del Código Judicial. ‘Solicitamos a la fiscal de la causa se eleve la presente solicitud al juez competente', dice un recurso interpuesto por la bufete de abogados.
Córdoba, Chen y Asociados sustenta su solicitud alegando que Principia Financial Group procedió a suspender labores, y están retirando todas sus pertenencias y mobiliarios del local donde funcionaban. ‘Sospechosamente quieren realizar sus mudanzas en horas de la noche y madrugada lo que indica que (...) están escondiendo y eludiendo pruebas, y es clara la intención de sus directivos de darse a la fuga, razón por la cual debe aplicarse la medida precautoria de secuestro penal', cita textualmente el documento del bufete de abogados, presentado en julio de 2016.
Según los abogados, el delito de estafa, del cual se acusa a los directivos de Principia, ha afectado a más de un centenar de personas. Córdoba Chen y Asociados ha solicitado ‘conducción' ante el MP para los representantes de la sociedad, considerando que son conocedores del expediente y de las citaciones y deben ser notificados de la querella.
La Fiscalía Primera de Descarga ha preguntado a la Superintendencia del Mercado de Valores si la empresa está siendo investigada y si ha sido sancionada anteriormente. En este proceso, Giovani Fletcher representa a los querellados.
Principia Financial Group, por su parte, señaló que ‘los medios de comunicación no son el foro idóneo para debatir el tema', por lo que no formularon ningún comentario sobre el caso. ‘Principia Financial Group no emitirá criterio', señaló la empresa a este diario a través de un mensaje enviado por su vocero de Relaciones Públicas.
El delito financiero se configura cuando existen malos manejos, apoderamiento de los bienes que forman parte de una entidad financiera o que se está dedicando a la captación de dinero del público cuando se utiliza un medio fraudulento u otro artilugio y que evidentemente conlleva un perjuicio.
El ilícito tiene su fundamento en la protección que se brinda a las personas que confían en entidades financieras y en el buen manejo que debe darse en una empresa de esta naturaleza.
FUENTE: Marlene Testa - http://laestrella.com.pa
