Kenia Porcell está decidida a continuar su plan de persecución política contra los allegados y exfuncionarios de la administración de Ricardo Martinelli, y en donde arbitrariedades y el abuso de medidas cautelares, entre las que sobresalen las detenciones preventivas como la principal arma de coacción y tortura política, denuncian políticos opositores.Para ello, Porcell le dio todo el poder a sus cuatro fiscales complacientes en esta tarea de persecución: Tania Sterling, Vielka Broce, Zuleika Moore y Ruth Morcillo.
Con la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Panamá, los fiscales del Ministerio Público perdieron la potestad de ordenar medidas cautelares en cualquier tipo de investigación, quedando en igual categoría que la persona acusada.
En estos casos, ahora es un juez de garantía la persona que tiene la potestad sobre las medidas cautelares y la principal pieza de todo proceso es la presentación de pruebas contra el presunto delito.
Atrás quedaría el romanticismo o las actuaciones de los fiscales del Ministerio Público por supuesta percepción de la comisión de un supuesto delito o irregularidad en la administración pública.
Sin embargo, el cambio de la ley le deja abierta una ventana que le permite a la procuradora Porcell continuar con su plan de persecución, como lo han denunciado abogados y políticos que han manifestado estar siendo afectados por este.
Con el nuevo código vigente, todos los casos abiertos o cuya fecha de haberse cometido antes del pasado 2 de septiembre, se investigarán bajo el sistema anterior, es decir el llamado "Sistema Penal Inquisitivo".
Para ello, Porcell quedó facultada para nombrar a las fiscales que se encargarán de los casos ya abiertos y todo aquel caso nuevo cuya comisión haya sido antes del pasado 2 de septiembre.
Fue así que la actual procuradora aprovechó la circunstancia para asignar la denominada "sección contra administración pública, descarga" a sus fiscales más leales y serviles: Sterling, quien tenía la Fiscalía Primera Anticorrupción; Broce, quien tenía la Fiscalía Segunda Anticorrupción; Moore, quien tenía la Fiscalía Tercera Anticorrupción, y Morcillo, quien tenía la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.
Estas cuatro fiscales ahora pasan a ocupar el cargo de "fiscales de descarga" y asumirán también los casos que estaban en las fiscalías Quinta, Sexta y Séptima Anticorrupción.
"Esta estructura de persecución política se coordinó desde que Kenia Porcell estaba en el Consejo de Seguridad a inicios de este Gobierno, encabezado por Juan Carlos Varela", señaló Luis Eduardo Camacho, vocero del opositor partido Cambio Democrático.
Indicó que todo fue preparado con la participación de Rolando López, jefe del Consejo de Seguridad, y Daniel Arroyo Macías, un militar graduado de subteniente en Colombia y que hoy ocupa el cargo de asistente directo de la procuradora Porcell. Arroyo es una de las fichas claves en esta estructura de persecución política que se vive en Panamá, reiteró Camacho.
La persecución política en esta nueva era del Sistema Penal Acusatorio no se hizo esperar.
La fiscal Sterling retomó un caso que estaba ubicado en la antigua Fiscalía Séptima Anticorrupción por el presunto delito contra la administración pública, tras un préstamo de 7 millones de dólares avalado por la Caja de Ahorros en 2012 para la construcción del Centro de Convenciones de Amador.
El pasado 12 de octubre, Sterling ordenó la conducción de Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros y actual presidente de la televisora NEXtv, así como de Rodrigo Arosemena, exsubgerente general de la Caja de Ahorros.
Un día después ordenó la conducción del periodista de NEXtv, Fernando Correa, y el actual presidente de la Editora Panamá América S.A., Ricardo Chanis. Cabe destacar que se trata de directivos y periodistas de medios de comunicación críticos a la gestión de Varela.
Carlos Carrillo, parte de la defensa legal de Francolini, ha señalado que no existe perjuicio en el caso por el cual el presidente de NEXtv se mantiene detenido por las autoridades, ya que el préstamo fue pagado a la entidad bancaria por parte de la empresa deudora.
"Para nosotros ha quedado claro que no existió perjuicio, más aún un expediente que tenía más de un año abierto, la fiscalía ha ordenado la indagatoria y posterior detención cuando ya había vencido el término", expresó el abogado.
Carrillo también ha cuestionado la orden de detención preventiva, ya que la fiscal ni siquiera cuenta con la auditoría de la Contraloría.
Así como este caso, aún quedan en manos de las cuatro fiscales favoritas de Porcell los siguientes procesos: Compra de granos, comida deshidratada, alquiler de aeronaves, programa piso y techo, compra de llantas, compra de mochilas, pinchazos telefónicos, venta de bolsas de comida, entre otros.
En todos estos casos solo se investiga a personas del gobierno de Ricardo Martinelli.
La otra cara
Estas fiscales también tienen en sus despachos casos de posible corrupción en el actual gobierno de Juan Carlos Varela, los cuales tuvieron que ser abiertos por presión pública. Sin embargo, la actuación del Ministerio Público ha sido casi nula.
Entre estos casos se encuentran las supuestas irregularidades en el programa Techos de Esperanza, que involucra al ministro Mario Etchelecu, el exdirector del PAN, Rafael Stanziola, y la empresa Airco, a la cual se le adjudicó compras directas para maquinaria pesada por más de $20 millones en el actual Gobierno.
Airco pertenece al empresario Pedro Vallarino, amigo personal del presidente Juan Carlos Varela.
Pero en este caso de Techos de Esperanza no se conoce de avance en las investigaciones y tampoco hay funcionarios con medidas cautelares.
Igual situación se presenta de una supuesta red de funcionarios que alteraban procesos de compras en el Ministerio de Educación y por el cual se destituyeron a más de 10 funcionarios de esta administración.
Edwin Cárdenas, exdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario, es otro de los exfuncionarios del actual gobierno que enfrenta un proceso por el delito contra la administración pública y en donde las irregularidades llegarían a 6 millones de dólares de los recursos del Fondo de Fideicomiso del Programa para la Solidaridad Alimentaria, en el periodo entre julio de 2014 y abril de 2015.
La fiscal Morcillo ordenó la detención preventiva de Cárdenas, pero la misma duró poco tiempo, actualmente el exdirector del IMA se encuentra en su casa.
La exviceministra de Desarrollo Social Zulema Sucre es otra de las figuras de la administración de Juan Carlos Varela que enfrenta un proceso por peculado, luego que fuera acusada públicamente por tres de sus escoltas de ponerlos a cuidar su mascota. Sucre no enfrenta medidas cautelares, a pesar de que su proceso no ha sido cerrado.
Acciones
12 de octubre la fiscal Sterling ordenó la conducción de Riccardo Francolini, actual presidente de NEXtv.
13 días después se le negó la fianza de excarcelación solicitada por la defensa de Francolini.
FUENTE: http://panamaamerica.com.pa
