La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha cesado a la jueza de enlace de Reino Unido, Gema Gallego, nombrada hace sólo cuatro meses para ocupar esta plaza. El Boletín del Estado (BOE) de este viernes publica el acuerdo del Ministerio por el que se ordena su destitución. La magistrada fue acusada por el juez inhabilitado Baltasar Garzón de "enemistad manifiesta" en el marco del procedimiento que desembocó en su inhabilitación.Fuentes de Justicia consultadas por El Confidencial aseguran que la decisión se ha tomado a consecuencia de su inexperiencia en el área de la cooperación jurídica internacional, ya que la jueza no había ocupado puestos que la doten de especiales cualidades en este terreno. La decisión está vinculada con la puesta en marcha de una iniciativa cuya aprobación a través de un real decreto se espera para los próximos meses y por la que se modificará el sistema de elección de los jueces de enlace para que se tenga en cuenta su mérito y capacidad, añaden. Según un portavoz del departamento de prensa, en el caso de Gallego ha primado el interés por no causarle un mayor daño personal, teniendo en cuenta que aún no se había instalado en Londres.
La jueza ocupaba hasta esta designación el cargo de representante española en el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Grevio) del Consejo de Europa, a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy. Compaginaba esta función con su puesto de magistrada en la Audiencia Provincial de Madrid. Además, fue punto de contacto civil y penal durante su época como vocal y miembro de la comision de relaciones internacionales.
El enfrentamiento Gallego-Garzón se remonta a 2010 cuanto la magistrada era vocal del Consejo General del Poder Judicial y votó a favor de la suspensión del entonces juez estrella. El que fuera titular del Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional trató de apartarla de esa decisión pidiendo su recusación. Sus argumentos se basaban en la instrucción por parte de Gallego, como titular del Juzgado número 35 de Madrid, del caso del ácido bórico contra mandos policiales que rechazaron un informe que relacionaba a ETA con el 11-M.
Según defendía Garzón, Gallego acabó "desautorizada" por la Audiencia Nacional y, posteriormente fue aupada al CGPJ como miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
FUENTE: Con información de BEATRIZ PARERA - ->> Ir
