
Una vez publicado el edicto con la sentencia, que intentaron se dictase con la pena máxima para el delito juzgado, añadiéndole una imputación por una falsa “tentativa de homicidio”, la defensa del procesado apeló la decisión. Los acusadores no podían hacer más contra el encausado, porque no tenía antecedentes penales. La apelación tendría un costo de 3 mil dólares más en honorarios para la abogada Tatiana Sealy y no fue presentada hasta que el encausado pagó por ésta. Por delitos de mucha más gravedad a los acusados en otros casos les imponen presentaciones mensuales o quincenales. Sin embargo en el caso aquí narrado, fueron semanales. Mientras que a otros imputados les imponen país por cárcel, en este caso la medida sustitutiva fue la de ciudad por cárcel. La apelación, que era derecho del procesado, significó contra el mismo amenazas de aumentarle la pena e imputarle otros delitos. En relatos posteriores explicaremos detalles de la apelación, las nuevas modalidades de coimas que funcionarios de la DIJ panameña trataron de ejercer a través del Servicio Nacional de Migración e Interpol y la contratación de la abogada Guillermina McDonald para la defensa del procesado.
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(08/03/2017) IRREGULARIDADES EN SISTEMA JUDICIAL DE PANAMÁ. De un lector: En el sistema judicial de Panamá hay jueces con un record de absoluciones y beneficios procesales a favor de sospechosos, pero opulentos ciudadanos, y por si fuera poco, condenas y denegación de justicia en contra de los más débiles económica y socialmente. En cierta medida es una burla a todo el sistema judicial, pues aparentemente responden a intereses crematísticos. Pueden revisar los casos de la jueza Zaida Cárdenas y verán que escapan a la normalidad. El caso Ethel de Jerez, acusada por delito contra la fe pública y absuelta en 2010 por Cárdenas, dio polémica por la manera en que fue manejado. – Ezequiel Pérez
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(26/10/2017) COIMAS EN SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR PANAMEÑO. De un lector: Casi nada ha cambiado en el Órgano Judicial panameño pese a las muchas denuncias de cobro de coimas en las que las principales señaladas son secretarias de tribunales como el Segundo Tribunal Superior, quienes en sus irregulares acciones, tramitando dictámenes a cambio de coimas, no reciben ningún protesto ni sanción por parte de magistrados, tal y como en el caso de la secretaria Lisbeth Puga, en cuyos muy difundidos audios y chats se realizan incriminatorias alegaciones contra la jueza 10 penal Zaida Cárdenas. – Adrián Ramírez
(01/11/2017) JUICIO VICIADO. De un lector: Bajo la amenaza de revocarle un beneficio procesal, un extranjero fue pasado a juicio en el Juzgado 10 penal de Panamá, presidido por la jueza Zaida Cárdenas , quien en varias ocasiones ha sido motivo de polémicas. De entrada la jueza desechó y no admitió los puntos previos, que evidenciaban que el juicio debía anularse, ya que estaba viciado de nulidad absoluta. El procedimiento policial contra el procesado carecía de órdenes judiciales, las transcripciones de unos supuestos chats presentados como evidencia no habían sido autorizadas por la fiscalía, se había violado el derecho a la defensa y al debido proceso, al igual que se habían irrespetado los lapsos procesales. Al encausado nunca se le había notificado de investigación alguna y no había sido capturado en flagrancia. La confianza y amistad entre el fiscal designado para asistir al juicio y el abogado acusador, miembro del bufete Morgan & Morgan, dejaban en entredicho la imparcialidad. El encausado y su defensa se acogieron al proceso abreviado, a pesar de lo cual no hubo una disminución sustantiva de la pena. La secretaria de la jueza en la audiencia era Melissa Lisbeth Puga, protagonista del “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior y quien en revelaciones posteriores colocaría de manifiesto la relación de intereses entre la jueza y abogados del bufete Morgan & Morgan, a los cuales la magistrada complació con su injusta sentencia. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)
FUENTE: Adrián Ramírez - Opinión