Tal como adelantó ayer LA REPUBLICA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó a la mandataria rubricar el acuerdo en un plazo de 15 días hábiles, ya que de lo contrario el Estado deberá enfrentar a la estadounidense en un proceso judicial.
Ante esa situación, Chinchilla prefirió la segunda opción y acudirá a los jueces para resolver este litigio, pues alude que Mallon Oil aún no cumple con los estudios de impacto ambiental que establece la legislación nacional y por ende no está obligada a dejar en firme la licitación que ostenta la petrolera desde 2000. “Estamos defendiendo nuestra posición de que los estudios (de impacto ambiental) no están completos. Son estudios que solo justifican la fase de prospección, son estudios de escritorio y para ir a la fase de exploración en el campo, se requieren estudios adicionales, de manera que la posición de la administración no va a cambiar, será en consecuencia inevitable el juicio”, dijo ayer la Presidenta. Sin embargo, Mallon Oil tiene una posición totalmente contraria y argumenta que los análisis que exige el Gobierno se deben presentar seis meses después de la firma del contrato, no antes, como dice el Poder Ejecutivo. Por un lado, la petrolera basa su posición en un decreto que firmaron en 1998 el entonces presidente José María Figueres y René Castro, actual ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y quien ejercía dicho cargo durante esa administración. Mientras que por el otro lado, el Estado aduce que tal mandato no está vigente, pues la base legal en la cual se fundamenta esa postura, fue declarada inconstitucional por la Sala IV. El Estado podría enfrentar una sanción económica, si en los Tribunales los jueces le dan razón a la empresa norteamericana. Además, si se niega a firmar el acuerdo y desobedecer una posible resolución del Contencioso, podría enfrentar un arbitraje por incumplimiento de contrato. Posiblemente, bajo los alcances del Tratado de Libre Comercio que Costa Rica suscribió con los Estados Unidos. Debido a la serie de cuestionamientos en torno a la intención de realizar actividades petroleras en territorio nacional, Chinchilla en agosto pasado, anunció su oposición a que Mallon Oil extraiga petróleo y firmó una moratoria que impide la explotación de hidrocarburos mientras sea Presidenta. Esta no es la primera vez que la compañía se queja porque no se firma el contrato, meses atrás también acudió a la Sala Constitucional, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) y la Secretaria Técnica Nacional Ambiental; sin embargo, en esas instancias siempre obtuvo una negativa. La Sala IV rechazó los recursos de amparo presentados al considerar que este tema no está bajo su competencia y debe tratarse según la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. El Minaet y la Secretaría por su parte rechazaron las apelaciones y solicitaron los estudios de impacto ambiental para poder finiquitar el acuerdo. Mallon Oil ganó desde 2000 la licitación internacional para extraer durante 20 años hidrocarburos de la zona norte y Caribe, principalmente en San Carlos, Sarapiquí y Pococí. No obstante, varios recursos de amparo presentados por organizaciones ambientalistas, desde hace más de una década, contra la Ley de Hidrocarburos y este contrato en particular, habían impedido la puesta en marcha de este proyecto. No fue hasta que la Sala IV a principios de 2010 revivió las aspiraciones de Mallon, cuando falló que la concesión cumple con los principios de legalidad y transparencia. De momento, la petrolera solo ha cumplido una fase de la primera etapa llamada de “prospección”, en la que se realizan la recolección y análisis de la información que tiene el Estado en torno al potencial energético que hay en el país. Durante la segunda fase, se debe hacer una evaluación regional de carácter geológico, químico, físico y sísmico de la zona en concesión, así como imágenes satelitales para posteriormente realizar los estudios de impacto ambiental en el campo. Estudios preliminares de Mallon revelan que podría extraer hasta 25 millones de barriles de crudo al año. Con esta exploración el país sería autosuficiente e incluso tendría un sobrante para exportar. Ello, porque las cifras que maneja la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo destacan que el año pasado se consumieron alrededor de 19 millones de barriles de derivados del crudo para atender la demanda nacional.
FUENTE: Natasha Cambronero - http://www.larepublica.net
