Y nuevamente tengo que ocuparme de lo que dije el mes pasado: que Costa Rica está dejando de ser una democracia, si una democracia es un régimen donde las decisiones gubernamentales importantes las toman funcionarios elegidos por el pueblo.
La última salida de la Sala Constitucional consistió en traerse al suelo las enormes multas que la Asamblea Legislativa decidió imponer a los conductores borrachos, sin dar razón constitucional alguna para ello. Simplemente, que a los magistrados les pareció que las multas eran excesivas. No solo a ellos; a todo el mundo, pero la opinión general las quería excesivas, a ver si así se lograba algo.
Pues claro que eran excesivas. Eran deliberadamente excesivas. Excesivas para que los que acostumbran manejar borrachos lo pensaran más, pues manejar borrachos les podía salir muy caro y a lo mejor tendrían que vender su vehículo para poder pagar la multa, lo cual podría ser socialmente beneficioso.
Ignoro si hay un lobby poderoso de los dueños de tabernas (perdón, debí decir bares, que es un anglicismo que pasa por elegante y viste mucho), a quienes, si la ley como estaba se aplicaba unas cuantas veces, se les podría disminuir su negocio, que de acuerdo con la filosofía gubernamental imperante, debe más bien fomentarse porque es “turístico”, y las autoridades de Costa Rica creen que a lo que vienen los turistas es a emborracharse, buscar juegos prohibidos en los casinos, y a refocilarse con prostitutas de calidad. Es mucho más lo que se gasta en combatir el tabaco, que solo daña al que fuma aunque se insista en lo contrario sin ofrecer pruebas, que en combatir el licor, que destruye seres humanos y familias.
Bueno, lo que pasa es que la multa era deliberadamente excesiva. Lo que los diputados, con muy buen criterio quisieron, fue asustar, y que a quien maneje borracho una multa pueda obligarlo a quedarse sin el arma homicida.
Pero la bendita sala encontró que la multa excesiva es… no se sabe si ilegal; inconstitucional no, por supuesto; pero inconveniente por excesiva. Eso, señoras y señores se llama gobernar, se llama excederse. La Sala se ha convertido en un poder que está por encima del Poder Legislativo (que según decían es el primer poder de la República). Y nuevamente son funcionarios nombrados los que suplantan a los legisladores elegidos por el pueblo, y ya comienzan a indagar, no si las leyes son inconstitucionales sino si les parecen convenientes.
FUENTE: Alberto F. Cañas - http://www.larepublica.net
