En Costa Rica esta tarea primordial se ha quedado estancada.
El ritmo de crecimiento de la Fuerza Pública en los últimos cinco años ha sido igualado por el de los guardas privados, quienes a su vez le ganan en cantidad, y representan un 60% del total de agentes.
Tomando en cuenta a los vigilantes de empresas en regla y a los informales, la suma de ambos excede en más de cuatro veces a la Fuerza Pública.
El costo de la privatización de este sector es enorme, se calcula de unos $250 millones al año.
Con esta cifra se podría financiar una Fuerza Pública de primera.
Sin embargo la falta de confianza en la función estatal genera que en lugar de contribuir con más impuestos, los ciudadanos prefieran pagar por servicios privados, aunque sean más limitados en cuanto al accionar.
Hoy en día hay unos 27 mil guardas de seguridad privada en el país. Esta cifra se duplica si se considera a los informales, según estimaciones de las propias compañías del sector.
Si se suma la cantidad de guardas contratados a los que funcionan sin permisos, el total cuadruplicaría a la Fuerza Pública, la cual asciende a más de 12 mil personas a la fecha.
En cinco años, el ritmo de crecimiento de los efectivos públicos ha sido igualado al de los guardas privados en regla, por lo que se mantienen estancados.
Están por doquier, ya son parte de la vida cotidiana, en centros comerciales, condominios, bancos y hasta subcontratados en las propias instituciones públicas.
El costo de la seguridad privada es alto, al considerar que un vigilante gana alrededor de $500 al mes, al sumarle las cargas sociales y seguros implica unos $700 para la empresa.
Este monto al año, multiplicado por los 27 mil efectivos alcanzaría unos $250 millones.
Con este presupuesto se podrían contratar muchos más efectivos de la policía costarricense, adecuadamente equipada, quienes tienen más potestades que los privados para tomar acciones decisivas contra el hampa, incluida la de arrestar o disparar en espacios públicos contra los delincuentes.
La desconfianza del ciudadano en las capacidades de los oficiales públicos es la causa de que el país viva una privatización de facto en la seguridad.
La creciente ola de violencia y crimen representa para el 47% de la población el principal problema de Costa Rica, según la última encuesta de CID Gallup.
Los esfuerzos estatales por contener al hampa poco se han reflejado en la percepción del ciudadano. En ese sentido, en uno de cada cuatro hogares reside una persona que ha sido víctima de robo o asalto en los últimos cuatro meses.
Las empresas tampoco se salvan de la delincuencia. Al menos el 42% de las compañías ha sido víctima de algún delito, en un estudio realizado entre el 5 de mayo y el 3 de junio por la Cámara de Comercio.
En promedio, durante ese periodo las empresas contrataron por lo menos siete personas para que se hicieran cargo de la seguridad y para proteger la vida de los empleados.
FUENTE: Esteban Arrieta - http://www.larepublica.net
