(Costa Rica) Veteranos jueces abren debate por caso de avioneta ‘narco’

Tres jueces con gran trayectoria dirigirán, a partir de hoy, el juicio contra una organización internacional de narcotráfico descubierta el 10 de octubre del 2010 por el trágico accidente de una avioneta que llevaba 177 kilos de cocaína ocultos en sus alas.
El debate estará a cargo de la Sección Segunda del Tribunal Penal de Pavas. Sus miembros son los jueces de juicio Álvaro Abarca Picado, Alicia Salas Torres y Gary Amador Badilla.

Abarca (45 años) lleva ya 24 años en el Poder Judicial, y 18 de ellos ha sido juez penal. Este funcionario integró el tribunal que resolvió, en diciembre del 2007, el juicio más largo de la historia de Costa Rica, por el crimen de Parmenio Medina.

En el caso de Salas (49 años), ella se destacó como fiscal por 20 años, pero en los últimos cinco ha sido jueza de juicio. Actualmente, es la subcoordinadora del Tribunal del Tercer Circuito Judicial.

El otro juez, Amador, asumió la presidencia del Colegio de Abogados en diciembre. Tiene 14 años en el Poder Judicial, donde también fue fiscal por cuatro años.

El debate iniciará hoy a las 8:30 a. m. en la sala n.° 12 de los Tribunales de San José. Será allí por razones de seguridad.

Acusados. Los protagonistas del grupo descubierto son Otto Monzón (63 años), un piloto guatemalteco que estuvo internado por 439 días en el Hospital México, tras estrellarse en la aeronave junto con Máximo Ramírez, quien falleció después del choque.


También figuran los mexicanos Rubén Martínez (54 años) y Elvis Mendoza (32 años), recluidos en máxima seguridad de la cárcel La Reforma desde que un oficial de Fuerza Pública los detuvo el 11 de octubre del 2010 cuando intentaron huir a Nicaragua.

La polémica y la complejidad que han teñido este caso marcaron distintos sectores del país, en primer lugar porque el caso reveló los vulnerables controles existentes en el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas (San José), pues desde ahí despegó la aeronave. Además, la organización operaba en ese lugar.

Por otra parte, el caso significó un gasto social por ¢276 millones, tras la atención médica del piloto.

La decisión de Kattia Jiménez, del Tribunal de Pavas, de otorgar el arresto domiciliario a los dos mexicanos causó protestas en varias comunidades en mayo del 2011.

Esa resolución llevó a que la Corte Plena sancionase en octubre del 2011 a Jiménez con un mes de suspensión sin goce salarial.

Para la Fiscalía, la organización se decantó por rutas aéreas para transportar la droga en avionetas con compartimentos ocultos; igualmente, creó sociedades para poder inscribir bienes obtenidos y usados para el narcotráfico.

FUENTE: David Delgado C. - http://www.nacion.com