Los fiscales italianos detectaron la existencia de la sociedad anónima panameña Agafia Corp., cuya presidenta es Karen De Gracia, pareja de Valter Lavítola en Panamá. La empresa Selex Sistemi Integrati, del grupo Finmeccanica, que vendió 19 radares a Panamá, canceló un contrato de ‘promoción de ventas’ con Agafia.
¿En qué se relaciona una investigación por supuesta extorsión al ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, con los contratos entre Panamá y el conglomerado italiano Finmeccanica?
¿Por qué los hallazgos en el caso de extorsión provocaron que fiscales de Nápoles (Italia) iniciaran paralelamente otra investigación por corrupción internacional de empresas italianas en Panamá?
La respuesta en ambos casos es ya sabida: se trata del italiano Valter Lavítola y de la sociedad anónima panameña Agafia Corp., cuyos vínculos con Lavítola son conocidos.
El hoy prisionero de la cárcel de Poggioreale, en Nápoles, supuestamente llegó a Panamá el 29 de junio de 2010 junto al entonces primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, quien participaría en la reunión del Sistema de Integración Centroamericana.
Un día después, el 30 de junio, Berlusconi y el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, firmaron el convenio de cooperación que sustentó los contratos con las empresas AgustaWestland, Selex y Telespazio –todas del grupo Finmeccanica– para la compra de 6 helicópteros, 19 radares y un mapa digital, respectivamente, por unos 250 millones de dólares.
El proceso de contratación fue muy rápido. Un mes después de la firma del convenio –el 3 de agosto de 2010–, el Consejo de Gabinete autorizó a los ministros de Seguridad (radares y helicópteros) y de Obras Públicas (mapa digital) a firmar los contratos con las empresas italianas.
Los documentos se firmaron entre el 6 y el 9 de agosto, obteniendo el aval de Contraloría en octubre de 2010.
Teniendo en cuenta la rapidez del trámite, surge la pregunta sobre el papel jugado por el italiano Valter Lavítola y las razones que motivaron que echara raíces en Panamá.
El escándalo
“Si para los italianos el actuar de [Valter] Lavítola podría crear repulsión, en el contexto panameño encontraba la condición ideal”.
La anterior cita es parte de la orden de arresto contra Lavítola, emitida por los fiscales napolitanos que investigan a este peculiar personaje que, entre agosto de 2010 y diciembre de 2011, se movió a sus anchas por Panamá, con transporte y escolta presidencial incluido.
Pero justo cuando Lavítola daba instrucciones a funcionarios panameños sobre un contrato pendiente –las cárceles modulares–; intercambiaba mensajes con el secretario privado del mandatario, Adolfo De Obarrio, sobre el futuro administrador del Canal; intentaba ser nombrado cónsul o invitaba al presidente Martinelli y a una singular comitiva a la isla de Cerdeña (Italia), empezaron sus problemas judiciales en Italia.
En julio de 2011, la Fiscalía de Nápoles empezó las interceptaciones telefónicas a Lavítola, descubriendo la existencia de la sociedad anónima panameña Agafia Corp. que, supuestamente, sería la receptora del 10% en comisiones de los contratos con las empresas del grupo Finmeccanica en Panamá.
A partir de ese momento, las investigaciones de los fiscales de Nápoles se ampliaron, vinculando a Lavítola con el pago de comisiones ilegales por parte de directivos de Finmeccanica.
El escándalo Finmeccanica solo empezaba en Italia. Lo siguiente fue el hallazgo de un “fondo negro”, alimentado con sobrecostos que eran utilizados pora sobornar a funcionarios extranjeros. Este descubrimiento provocó la salida de los principales directivos del conglomerado empresarial italiano de sus cargos, algunos de ellos, rumbo a la cárcel.
LA Conexión Panamá
Con las graves noticias venidas de Italia, los millonarios contratos pactados por el Gobierno panameño con Finmeccanica empezaron a ser fuertemente cuestionados por la oposición política, que denunció sobrecostos y el pago de comisiones.
El 7 de diciembre de 2011, cuando arreciaban las críticas y las peticiones de rendición de cuentas, la Secretaría de Comunicación del Estado dio a conocer una carta de Selex (la empresa del grupo Finmeccanica que vendió 19 radares a Panamá), en la que anunciaba la terminación del contrato de “Promoción de venta” con la sociedad Agafia Corp.
Con este anuncio, el Gobierno daba por zanjados los cuestionamientos surgidos en relación a la existencia de la sociedad panameña detectada por los fiscales italianos.
Sin embargo, la carta –sin un nombre que identificara la firma ilegible– provocó nuevas interrogantes.
¿Por qué Selex contrataría para “promover las ventas” a una sociedad panameña, si los contratos fueron el resultado directo del convenio de cooperación entre Italia y Panamá? ¿Qué papel jugó Agafia Corp. en estas contrataciones? ¿Quiénes eran los dueños de Agafia Corp.?
El primer funcionario panameño que aceptó la existencia de esta sociedad anónima en relación a los contratos con Finmeccanica fue el viceministro de Seguridad, Alejandro Garúz, identificándola como “representante de Selex”. El titular de la cartera y firmante de los contratos, José Raúl Mulino, aseguró a este diario, no saber nada al respecto.
Pero si Selex tenía un convenio de “promoción de ventas” con Agafia Corp. ¿qué implicaba el pago de comisiones? ¿Significaba esto que había un sobreprecio en los radares? ¿La terminación del contrato entre Selex y Agafia produciría una reducción en el precio que pagaría Panamá por los radares? ¿Agafia Corp. firmó contratos similares con AgustaWestland y Telespazio? Ninguna de estas interrogantes ha sido aclarada por el Gobierno panameño hasta el momento.
De Karen a Lavítola
Con el hallazgo de Agafia Corp. surgió el nombre del argentino Gustavo Franchella, que aseguró ser el único dueño de la citada sociedad. Sin embargo, como presidenta de la junta directiva de esta sociedad aparecía –y aún aparece– la panameña Karen De Gracia, a quien los investigadores italianos identificaron como pareja de Lavítola en Panamá.
Hoy, no solo hay evidencias de viajes juntos o intercambio de llamadas entre ellos relacionadas con el viaje del presidente Martinelli a la isla de Cerdeña en agosto pasado, sino también testimonios de entrega de dinero enviado por Lavítola a través del empresario estadounidense Rogelio Oruña, para la supuesta compra de equipo de cocina para un restaurante de De Gracia en Gorgona.
También, por boca del presidente Martinelli, se confirmó recientemente la relación de pareja de De Gracia y Valter Lavítola.
Frente a todos estos hechos, la conclusión a la que han llegado los fiscales italianos es que el verdadero dueño de Agafia Corp. es Valter Lavítola.
Otros datos apuntalan la tesis. Agafia Corp. fue constituida en Panamá el 17 de junio de 2010. Es decir, antes de la firma del convenio de cooperación entre Italia y Panamá.
Justamente el 30 de junio de 2010, cuando se firma el citado acuerdo, se produjo un cambio en la titularidad de las acciones de Agafia, pasando supuestamente a manos de Gustavo Franchella.
¿Fue ese cambio un intento de Lavítola de ocultar su vinculación con la sociedad anónima que recibiría comisiones de los contratos entre Panamá y el grupo Finmeccanica? ¿Estaba Valter Lavítola en Panamá en gestiones comerciales antes de ser designado, sin formalidad alguna, como agente plenipotenciario en las gestiones entre la Italia de Berlusconi y el gobierno de Martinelli? ¿Funcionarios panameños eran parte del reparto de las comisiones?
Por lo pronto, los detalles de un contrato fallido para la construcción de cárceles modulares con la empresa Svemark –sustentado también en el convenio de cooperación entre Italia y Panamá– son los que han provocado la acción de los fiscales italianos, las revelaciones de los protagonistas, y que Panamá y su Presidente sean noticia por corrupción internacional.
Las contradicciones del presidente Martinelli
“Yo pagué mi cuenta, vi a Lavítola coincidentemente (sic) [en Cerdeña], no habíamos planificado ningún viaje... Iba para Alemania a recibir la tuneladora del Metro y paré en Italia...”. Ricardo Martinelli respondió de esta manera al ser interrogado el pasado 23 de abril en Telemetro, sobre el viaje sin anunciar que hizo en agosto de 2011 a Cerdeña, donde el hoy ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi tiene su famosa villa Certosa, escenario de sus célebres fiestas.
Pero, contrario a lo declarado por el Presidente panameño, la Fiscalía de Nápoles transcribió varias llamadas interceptadas a Lavítola que confirman que ese viaje fue planificado por este, 10 días antes de la visita de Martinelli. El documento añade que el mandatario viajó acompañado de dos ministros y un magistrado de la Corte Suprema, todos con sus esposas o acompañantes.
Según las citadas transcripciones, Lavítola asumió los gastos de los invitados, lo que incluyó el pago del hotel –2 mil euros la noche [unos $2,600] para un total de 36 mil euros [unos $47,200]– y el alquiler de un yate por dos días en 7 mil euros [unos $9,200].
“Esto es una telenovela barata... las grabaciones no dicen nada... Cuando fui a pagar la cuenta, ya estaba cobrada y mi asistente no pudo hacer nada. Cuando ese señor [Lavítola] vino a Panamá, yo le pagué su plata, unos 7 mil dólares... No recibí un penique partido por la mitad”, fue la explicación que dio Martinelli en Radio Panamá.
Las grabaciones que posee la Fiscalía de Nápoles revelan, empero, que Lavítola insistió hasta el final en que él asumiría los gastos.
También se sabe, por estas llamadas, que Martinelli no pudo reunirse con Berlusconi –como anunció la Secretaría de Comunicación del Estado después de que este diario informara del viaje a Cerdeña– porque el ex primer ministro de Italia sufría quebrantos de salud.
Pero, de acuerdo con las llamadas interceptadas y transcritas en el expediente de Nápoles, el mandatario –aconsejado por Lavítola– se sacó fotos en la villa de Berlusconi para usar como prueba de su visita a Italia, donde obtendría la donación de un hospital para Veraguas a un costo de unos $25 millones.
“Tómate una foto, hermano. Escucha, tómate una foto allí donde... (incomprensible)... para poder mandar a tu periódico... o para subirla a tu sitio”, le dijo Lavítola a Martinelli. “Eso lo estamos haciendo”, respondió Martinelli, según la grabación en poder de la Fiscalía de Nápoles.
Igualmente, la donación por parte de Italia de paneles solares –valorados en $10 millones– es un nuevo elemento de defensa que usa el presidente Martinelli para justificar los contratos millonarios con Finmeccanica. “Los paneles solares están en Panamá”, dijo.
Sus declaraciones fueron secundadas por el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah, quien aseguró que ya están instalados.
“¿Dónde está el daño aquí?”, preguntaba Shamah, en una entrevista en TVN el pasado 23 de abril.
Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, informó a este diario que no es hasta mediados o finales del próximo mes que deben comenzar el proceso de instalación de esos equipos.
“Se espera que estén instalados para el 30 de septiembre... Han llegado al país 15 contenedores de 25 en total”, aclaró De Lima, en contradicción con lo aseverado por Martinelli y Shamah.
El ministro explicaba, además, que la donación la hizo Italia a través de Enel, socia de la empresa mixta Enel Fortuna en la que el Estado panameño tiene el 49% de participación.
Un dato, sin embargo, quedó sin aclarar. Si se trataba de una donación de Italia a Panamá, ¿por qué Lavítola gestionaba con la abogada Marleni Paolo la creación de una sociedad mixta que manejaría el citado proyecto y que estaría ubicado en el desierto de Sarigua, provincia de Herrera?
Según documentos que reposan en la Fiscalía de Nápoles, esta sociedad estaría representada por Karen De Gracia, pareja de Lavítola en Panamá, y por funcionarios de la Empresa de Generación Eléctrica, dirigida por Belisario Tejada.
La sociedad se llamaría Energía Renovable de Panamá, S.A., pero no pudo ser inscrita en el Registro Público porque ya había otra empresa con ese nombre. El proyecto tendrá un valor de unos $10 millones y aportará al plantel energético 2.4 megavatios. El financiamiento será asumido por Enel Green Power.
SANTIAGO CUMBRERA
Roxana Méndez y el proyecto fallido de cárceles modulares
“Eran muy caras”. Así justifican la exministra de Gobierno Roxana Méndez y el presidente, Ricardo Martinelli, que no concluyera el acuerdo con la empresa italiana Svemark para la instalación de cuatro cárceles modulares por $176 millones.
Mauro Velocci, representante de Svemark, empezó hablando con el entonces ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, pero con la división del ministerio le tocó a Roxana Méndez seguir la negociación con Velocci, a la que se sumaría Valter Lavítola.
Justo cuando empezaban los problemas de Lavítola en Italia (julio de 2011), Méndez envió una carta a Svemark informando de la suspensión “por ahora” del proyecto por razones de “prioridad”.
En esa carta, Méndez califica la propuesta como “muy valiosa”, añadiendo que “se ajusta a lo que se desea implementar en el Sistema Penitenciario panameño en un futuro”. De supuestos problemas por el alto precio, nada se dice.
Este diario tuvo acceso a varias misivas enviadas a Svemark por el director de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, Raúl Andrade, en julio de 2011. Se trata de intercambios relacionados con el contrato de las cárceles, en los que se establecía que el precio sería de $176 millones. Al respecto también se pronunció recientemente el administrador de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah, quien aseguró que Méndez envió una nota a la Contraloría preguntando sobre la viabilidad del precio.
Este medio pidió, sin éxito, copia de la citada carta a la Contraloría, a Méndez, a Shamah y al ministro de Economía, Frank De Lima.
Méndez es mencionada, junto con el presidente Martinelli, en la orden de detención de Lavítola, vinculándola con supuestas “utilidades y a un maletín con dinero en efectivo”.
El documento también cita el supuesto pago destinado a Méndez, “también por instrucción de Lavítola”, de $16 mil en enero de 2011, mediante una transferencia a la cuenta de Devor Diagnostic, empresa de Rogelio Oruña, representante de IBT.
Notas de prensa del Ministerio de Gobierno dan cuenta de que, justamente en esa fecha, Méndez y Velocci hicieron una gira por Chiriquí para inspeccionar un terreno destinado a la instalación de las cárceles.
Al respecto, la hoy alcaldesa de Panamá ha negado categóricamente haber recibido dinero alguno en relación al proyecto de las cárceles modulares.
Las investigaciones italianas también citan la entrega de $530 mil euros (unos 700 mil dólares), supuestamente al presidente Martinelli y a sus allegados en el gobierno.
La cifra es similar a los $600 mil que Lavítola declaró haber entregado a funcionarios panameños para “operaciones lícitas” que no describió.
Hasta ahora, ningún funcionario ha dado explicaciones de estas operaciones ni tampoco ha negado haber recibido la cifra indicada por Lavítola.
Ereida Prieto-Barreiro
Lavítola, Rica Martinelli y el misterioso helicóptero
Mauro Velocci –pieza clave en las investigaciones de la Fiscalía de Nápoles– fue el primero en mencionar que parte de un supuesto soborno que recibiría el presidente, Ricardo Martinelli, por los contratos de las cárceles, sería un helicóptero con interiores de piel Hermès, valorado en $8 millones.
Velocci aportó a la Fiscalía de Nápoles intercambios de correos entre Lavítola y Ricardo Rica Martinelli Linares, hijo del mandatario, en los que tratan el tema.
Uno de ellos es del 12 de febrero de 2011. “Cuando vengas la próxima semana, cerramos todos los temas que hablé con Mauro hoy (1. Heli 2. Modulares). No hay apuro con el Heli”, fue el mensaje de Rica a Lavítola.
Justamente las preguntas sobre la supuesta participación de su hijo en las negociaciones con las empresas italianas, provocaron que el Presidente se alterara durante una rueda de prensa del 19 de abril pasado. “¿De qué vinculación hablan?... Mi hijo no es funcionario, por favor, sea más responsable. Respete”, fue su reacción.
Sin embargo, la Fiscalía de Nápoles incorporó a la investigación por corrupción internacional contra Lavítola, la transcripción de una conversación telefónica del 21 de agosto de 2011 entre este y el exdirector comercial del conglomerado italiano Finmeccanica Paolo Pozzessere, en la que hablan de entregar un helicóptero al presidente Martinelli, “como anticipo del pago de 30 millones de dólares que se le había prometido”.
En su primer interrogatorio tras ser detenido en Italia, Lavítola aceptó haber hecho una petición muy singular a Angelo Capriotti, directivo de Finmeccanica: un helicóptero para el Presidente.
“Se había acordado la entrega de una nave que se demoraba. La de asientos de piel humana, bromeó el fiscal; sí la de piel humana y cabello rubio, contestó también en broma Lavítola. Era para el Estado, no para Martinelli, él ya tiene dos personales, dijo Lavítola a los fiscales”.
La siguiente pregunta a Lavítola fue sobre la participación de Rica Martinelli. “¿Rica? no tiene nada que ver, tanto es así que me mandó a la mierda. Perdón por la palabra, pero me dijo que le importaba un diablo el helicóptero”.
Pero en el folio 203 del expediente se señala que Rica sostuvo un encuentro con Velocci relacionado con el helicóptero. Los fiscales destacan que el encuentro fue el 12 de febrero de 2011, en las oficinas de “la empresa de propiedad de la familia Martinelli (Súper 99)”, donde se habló de adquirir el helicóptero, supuestamente para el mandatario de Panamá, así como de detalles del proyecto de las prisiones.
Tras este intercambio, relató Velocci, el hijo del Presidente llamó a Lavítola para pedirle explicaciones, lo que provocó que este le recordara que había hablado del tema con su padre en “su presencia”.
Lo cierto es que en su última declaración ante los fiscales italianos, Lavítola dijo que el hijo del mandatario Martinelli no aceptó el ofrecimiento de un helicóptero para el jefe del Ejecutivo panameño.
Tras esa declaración de Lavítola en Italia, el presidente Martinelli hizo uno de sus habituales anuncios: “vienen unos acontecimientos mayores que demostrarán que todo es una farsa”.
SANTIAGO CUMBRERA
FUENTE: LINA VEGA ABAD - http://www.prensa.com
