Siete barcos se quedaron en bahía a la espera de cargar o descargar productos. Cada día de espera tiene un valor de hasta $40.000 (¢20,3 millones).
Otra embarcación, en Limón, quedó con la labor a medias, pues le faltaban 40 contenedores por dejar en tierra.
Por Limón pasa el 80% de las exportaciones e importaciones de todo el país.
Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Japdeva, Portuarios y Afines (Sintrajap) advirtieron de que la presión aumentará si el Gobierno no se sienta a conversar.
Su reclamo más importante es contra la concesión a la empresa holandesa APM Terminals para la construcción de una terminal de contenedores en Moín, contrato que ya fue incluso refrendado por la Contraloría General de la República.
Específicamente, exigen que se anule el capítulo 9 del contrato con APM, el cual les otorga la exclusividad en el movimiento de contenedores.
A este objetivo, sumaron peticiones como la construcción de un hospital y la ampliación de la vía que los une con San José.
La protesta en el Caribe se inició, además, en momentos en que también porteadores, autobuseros maestros y trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) toman o anuncian medidas contra el Gobierno.
Para el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, la acción sindical “no se justifica”, pues aseguró que tienen meses de dialogar con los muelleros.
También levantaron la voz representantes de las cámaras de exportadores e importadores, preocupados por las pérdidas que representa la detención de la actividad portuaria.
Contrastes. Avanzada la tarde, los muelleros recibieron apoyo de otras organizaciones de trabajadores y algunos grupos de civiles.
“Aquí la cosas se están poniendo calientes, ya tenemos más apoyo de varios sectores de Limón”, dijo Ronaldo Blear, secretario general de Sintrajap.
Al llegar la noche, ya para la hora del partido entre Costa Rica y Guyana, los huelguistas se disiparon. La tensión aquí era nula, mientras que en Casa Presidencial, en Zapote, aumentaba.
Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva), confirmó que participaba en una reunión con miembros del Poder Ejecutivo.
Su objetivo era buscar los medios para reactivar la operación de los puertos en el menor tiempo posible. La primera opción era negociar con los manifestantes.
“En cuanto al tema de APM Terminals y la nueva terminal de contenedores, ellos mismos (Sintrajap) elevaron el caso a los tribunales y el juicio se llevara a cabo en el Tribunal Contencioso Administrativo el próximo 25 de junio; debemos esperar ese proceso”, dijo.
FUENTE: Jéssica Salazar y Luis Miguel Herrera - http://www.nacion.com
