José Joaquín Arguedas, director de esa entidad encargada de seleccionar a las personas más aptas para ocupar un cargo en el Gobierno Central, advirtió que carecen de los recursos económicos necesarios para hacer estos exámenes.
El funcionario sostiene que se necesitan al menos seis meses para elaborar el test, pero la mayor complicación es que pierde vigencia apenas lo responden los postulantes, porque es muy posible que “soplen” las preguntas a quienes lo resolverán luego.
Por ello, es necesario tener una buena cantidad de versiones.
Además, debe haber una prueba para cada una de las 470 carreras que contrata el Servicio Civil, con el agravante de que muchas tienen diversas especializaciones.
A eso se le suma que el registro de elegibles total tiene 60.000 oferentes, 45.000 de ellos docentes.
“¿Qué es lo que va a pasar? Dentro de un año vamos a hacer cuatro, cinco pruebas, dentro de los escuálidos recursos que tenemos, y en un año todos los registros de elegibles van a caducar, lo que significa que se puede nombrar interinos indefinidamente”, indicó el funcionario.
Arguedas afirmó que este tipo de diagnóstico no es tan efectivo porque se trata de preguntas memorísticas para evaluar conocimientos teóricos, sin que aporte elementos adicionales sobre la capacidad para ejecutar un trabajo.
Es posible. No obstante, Víctor Garro Martínez, director del postgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), opina que es urgente que el país garantice que contrata a los mejores.
Garro dijo que se puede recurrir a diferentes mecanismos, como por ejemplo, con casos y no solo con pruebas escritas.
“En países desarrollados, cada vez que se llena una plaza en el sector público se tiene que demostrar idoneidad, que la persona tiene habilidades y conocimientos necesarios”, afirmó Garro.
El especialista advirtió que no se puede pensar que un título universitario es sinónimo de que el profesional cuenta con las destrezas suficientes.
Un criterio similar tiene Félix Barrantes, director de Gestión de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Incluso, Barrantes cree que es necesario que las personas que se postulen sean entrevistadas, hagan ponencias y ensayos.
“Ante una cantidad tan grande de universidades haciendo cosas distintas, unas bien y otras no, el Estado tiene la obligación de garantizarle al país que a quienes contrata para impartir lecciones son los mejores”, enfatizó Barrantes.
Sin embargo, tanto Barrantes como Leonardo Garnier, ministro de Educación, dudan si esto se puede lograr en un año, como lo ordenó el alto tribunal.
De paso, Garnier admitió que hay educadores contratados que ni siquiera tienen un buen dominio de la materia que imparten.
Esto se fundamenta en las pruebas diagnósticas hechas a profesores de Inglés, pues de los 3.193 que las hicieron, 1.212 quedaron en los peores niveles, 1.550 en intermedio y solo 431 en avanzado.
Además, el 48% de quienes enseñan Matemática fallaron al responder preguntas de bachillerato.
El recurso que originó este fallo lo presentó Henry Carrillo, quien reclamó que no le tomaron en cuenta las destrezas adquiridas en los dos años que laboró como interino en el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Al final, Carrillo logró la propiedad.
FUENTE: Jairo Villegas S. - http://www.nacion.com
