El traslado se presentó a altas horas de la noche del martes, luego que la expresidenta del Senado se entregara al CTI de la Fiscalía en su casa ubicada en la zona de Chapinero en la capital del país.
Es de mencionar, que la medida judicial se dio luego que la congresista rindiera indagatoria en la Corte y finalmente fuera requerida por el delito de lavado de activos.
La defensa de la senadora vallecaucana aseguró que solicitará que la excongresista sea cobijada con el beneficio de casa por cárcel, mientras se demuestra su inocencia en este caso.
Toro, quien se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre la decisión del alto tribunal, dijo que "confío en la justicia, tenemos total tranquilidad pues todo lo hemos hecho según las leyes colombianas. Jurídicamente están todas las pruebas".
Dentro de la investigación de la Sala Penal del alto tirbunal, la expresidenta del Congreso rindió una indagatoria el pasado 9 de julio ante la Sala Penal del alto tribunal, en la que negó tener conocimiento acerca de que en algún momento un predio conocido como San Miguel haya pertenecido al excapo del Cartel del Norte del Valle, Víctor Patiño Fómeque.
Sobre el predio San Miguel en el Valle del Cauca que enloda a la congresista, el mismo Víctor Patiño Fómeque negó que fuera suyo, o uno de sus familiares.
Aunque Dilian Francisca Toro entregó material documental que evidenciaría que sus predios fueron adquiridos legalmente y que nunca ha tenido contratos o relaciones con narcotraficantes, la Corte consideró que el material que hay en el proceso es suficiente para determinar que Toro debía permanecer privada de su libertad.
El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos, señaló que la detención de la senadora es "intramural, no es domiciliaria, sin beneficio de libertad provisional. Con base en la prueba obrante en el proceso, la Corte llegó a esa determinación. Se tomaron muchísimas pruebas pero determinantemente las de caracter documental".
Según explicó Bustos, se tuvieron en cuenta escrituras, certificados de libertad, informes de la Dian y pruebas periciales, así como informes de la Unidad de Análisis Financiero, UIAF, sobre los movimientos de dinero de la senadora y la relación de ingresos y adquisiciones y encontraron que, al parecer, la compra de tres fincas por 5 mil millones de pesos no está justificada de forma adecuada.
El abogado Iván Cancino, quien aún no ha sido notificado de la determinación del alto tribunal, dijo a comienzos de julio que "ese predio está absolutamente claro, se han hecho todas las pruebas, se puede demostrar fácilmente la procedencia lícita de los recursos".
Agregó que "no hay ninguna prueba, ni siquiera de un testaferro, ella le compró a personas que no tenían antecedentes, eran legales. Si esos predios tuvieran alguna irregularidad en sus tradiciones o en sus escrituras, no son imputables a Dilian Francisca Toro, no las conocía y por lo tanto no se puede imputar ninguna conducta delictiva a ella frente a esos hechos".
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