La apertura del foro, realizado en la Casa del Arte “Vicente Preciado Zacarías”, fue presidido por el Maestro Víctor Hugo Prado Vázquez, Secretario Académico del CUSur.
Quien al citar cifras del Banco Iberoamericano de Desarrollo –BID- en América Latina y El Caribe, señaló que el lavado de dinero asciende al 28 por ciento del total del producto interno bruto de la región. Mientras que México se lava al año cerca de 24 millones de dólares.
Enfatizó la importancia de construir foros de análisis en leyes de esta materia dentro de las instituciones de educación superior que obedece al objetivo de “seguir impulsando un país de justicia y legalidad como lo merecemos todos”.
Por parte de la facultad de derecho de la Universidad de Colima participaron el doctor Francisco Morán Torres; los maestros Mario Gerardo Andrade y Agustín Díaz Rejón; el licenciado en derecho Carlos de la Madrid Virgen; mientras que por el CUSur asistieron los maestros: Francisco Javier Camacho Murillo, Humberto Ocampo y Antonio Jiménez Díaz, coordinador de la carrera de derecho.
En las participaciones y discusiones se abundó en torno a las denominadas actividades vulnerables en donde articula gran parte de esta ley. Tal como lo detalló doctor Francisco Morán Torres, cuyas actividades económicas incluyen desde casa de apuestas, sorteos, despachos contables, contadores públicos y empresas del sector inmobiliario.
“Se mercará la labor que hagan los prestadores de servicios financieros, incluso a los notarios se les exigirá rindan cuentas a la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público) para que reporten todo tipo de contratos entres personas físicas y morales y asociaciones”, advirtió el académico.
Por su parte, el maestro Agustín Díaz Rejón –especializado en materia fiscal y mercantil-, abonó sobre las características de esta ley anti lavado en la materia fiscal y precisó que “esta ley no meterá a la cárcel a los lavadores de dinero, pero si consignará a los evasores fiscales”.
De igual forma se refirió a las denominadas actividades vulnerables, quien a título personal dijo que el método de inspección y vigilancia que realice el Sistema de Administración Tributaria –SAT-, fracasará. Debido a la cantidad de expedientes que levantará, incluso para todas aquellas personas que en casas apostadoras realicen pagos por arriba de los 40 mil pesos, pues “desde ese momento tiene la obligación estos centros de apuesta de solicitarle una copia de su credencial de electoral para archivar y generar un expediente a estas personas físicas”.
Acciones que de ponerse en marcha en marzo de 2013, afectaría incluso a la ecología, “por la cantidad de papeles que se tendrán en estos expedientes que durarán en promedio cerca de 5 años archivados”.
Otra de las intervenciones más destacadas fue la efectuada por Antonio Jiménez Díaz, coordinador de la licenciatura en derecho del CUSur, quien en primer término puso sobre la mesa el contexto por el cual se generó está ley y luego se aprobó.
Situación que nació, dijo, a la par de los tratados internacionales mercantiles y de derecho internacional que México firmó con diversos países en el extranjero, así como para frenar el principal motor de operación de las bandas del crimen organizado en el país.
Pero aseguró que en los hechos, esta nueva ley, se contrapone a la principio de inocencia, establecido en la nueva reforma al código penal, ya que cualquier abogado, contador “que tuvo algún contrato de servicios por circunstancia ajena a la actividad ilícita de algún presunto lavadores de dinero detenido, con esta ley las autoridades irán sobre el prestador de servicio y serán señalados como cómplices”.
Los panelistas coincidieron que esta ley no frenará en gran medida los recursos que se generan por la industria del narco, pues señala que carece de ciertos candados y mecanismos legales para que se ejecute correctamente; por otra parte, concluyeron que existen varios rubros como el sector agroindustrial en donde no se contemplan dentro de las llamadas actividades vulnerables.
Alumnos de la licenciatura en derecho aprovecharon el espacio para resolver sus dudas sobre esta ley que se aprobó el pasado 17 de octubre y se pondrá en marcha a partir de marzo de 2013.
FUENTE: Aarón Estrada - http://www.periodicoelsur.com
