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jueves, 6 de diciembre de 2012

Condenan a cadena perpetua a cinco represores argentinos

Cinco represores de la última dictadura militar argentina (1976-1983) fueron condenados este miércoles a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, en el norte del país, en el juicio seguido por crímenes de lesa humanidad.
El excomisario Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Juan Bustamante, Francisco Laitán y Ramiro López Veloso recibieron cadena perpetua al ser hallados culpables por perjuicios ocasionados a 44 víctimas, entre ellas 18 desapariciones forzadas de personas, ocurridas entre 1974 y 1979, reseñó Prensa Latina.

Los represores fueron acusados de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, violación y abuso deshonesto.

Musa Azar era jefe de Inteligencia de la Policía de la provincia de Santiago del Estero cuando cometieron estos delitos de lesa humanidad en plena dictadura militar.

El Tribunal también dictó una pena de 20 años de prisión para el represor Jorge Alberto D'Amico, mientras que Carlos Héctor Capella cumplirá ocho años de cárcel; Eduardo Bautista Baudano y Jorge Gregorio Brao, seis, y Rodolfo Doroteo Salvatierra, cinco, detalló el Centro de Información Judicial.

Los jueces Graciela Fernández, Juan Carlos Reynaga y José Asís resolvieron que todos los condenados sean trasladados a unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal.

En el juicio, que comenzó el 8 de mayo de 2012, declararon alrededor de 300 personas. La lectura de los fundamentos se realizará el próximo 5 de marzo de 2013.

A través de un comunicado, la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Desaparecidos y expresos políticos catalogaron este miércoles de "día histórico".

Señalaron que este juicio demostró la existencia de un plan generalizado de exterminio para perseguir, intimidar, torturar, encarcelar y desaparecer a quienes se opusieron al gobierno antipopular, que en Santiago del Estero, estaba en manos de Carlos Arturo Juárez.

Los juicios contra los represores se retomaron en 2007, luego de que en septiembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner promulgara la Ley 25.779 donde se declara la nulidad de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), las cuales impedían juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad.

La última dictadura argentina provocó la desaparición de unas 30.000 personas, de acuerdo a cifras aportadas por el Gobierno y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo.

FUENTE: AVN

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