Constitucionalmente, la instancia incriminatoria está facultada para “acusar ante el Senado al presidente de la República (artículo 178) y el Senado lo está igualmente para “conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República” (artículo 174), aunque este haya cesado “en el ejercicio de sus cargos”. “En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos”, añade la Carta Magna.
Es la primera vez que un jefe paramilitar reconoce haber financiado directamente a Uribe, de paso, citando cifras. La primera denuncia fue hecha por Salvatore Mancusso, sin precisar detalles del financiamiento. La confesión de Don Berna coincide con la posición del magistrado Rubén Darío Pinilla, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, quien recibió más de una docena de testimonios paramilitares que aseguraron tener conocimiento de la cercanía del exjefe de Estado con los grupos armados del paramilitarismo colombiano.
Por otra parte, en noviembre de 2011, el mismo Don Berna, bajo juramento ante la Corte del Distrito Sur de Florida, comentó que Bernardo Moreno, secretario general del Gobierno de Uribe, conocía el plan para espiar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La finalidad de este, dijo entonces, era conocer intimidades de los magistrados que el Gobierno pudiera utilizar para desprestigiarlos.
En esos años se iniciaron los procesos penales y se dictaron las primeras sentencias por nexos de los políticos del Congreso y las gobernaciones, con grupos élites de contacto dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Coincidencialmente, Berna hizo pública su denuncia casi inmediatamente después que Álvaro Uribe anunció que a través de su propio partido “Puro Centro Democrático”, encabezará la lista al Senado en las elecciones del año próximo.
NARCODÓLARES EN CAMPAÑA
En 2007, Fabio Enrique Ochoa, narcotraficante internacional por cuya captura el presidente Uribe había ofrecido $5 millones, declaró a un medio colombiano haber aportado “$150 mil para su campaña de 2002” y también “vehículos para trasladar a los electores”.
Ochoa aseguró que miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) “empezaron a reunir a todo el mundo porque los votos tenían que ser para Uribe”. Sostuvo que los jefes paramilitares y los mandos medios “metieron 10 millones de dólares para la campaña de Uribe en 2002”, a cambio de sentencias leves, muchas de las cuales no se concretaron, por lo cual alguno (de los paramilitares) “va a reventar, porque se sienten traicionados por Uribe”.
_____________
Estados Unidos e Israel entrenaron a paramilitares
En 1991, Estados Unidos ubicó a Uribe a solo tres lugares de la jerarquía del fallecido narcotraficante internacional Pablo Escobar Gaviria, séptimo hombre más rico del mundo según la revista Forbes.
El informe aparece en el libro Álvaro Uribe, narcotraficante Nº 82, prohibido en Colombia en 2008, escrito por Sergio Camargo, quien revela un dato poco conocido: la participación extranjera en el paramilitarismo colombiano.
Camargo ofrece detalles sobre la colaboración de Estados Unidos, Israel y el Reino Unido en el adiestramiento de los paramilitares colombianos. Según el autor, los entrenamientos fueron especialmente diseñados para combatir a los campesinos y trabajadores que tienen posiciones críticas contra el Gobierno.
Desde la página 260 hasta la 284, Camargo cita a muchos personajes “notables” (políticos y empresarios), vinculados al narcotrafico o al paramilitarismo, incluyendo a empresas multinacionales como, por ejemplo, la española Repsol.
También revela detalles sobre políticos, mafiosos, sacerdotes, paramilitares y narcotraficantes fuertemente vinculados al Gobierno del presidente Álvaro Uribe
_____________
Corte Penal Internacional investiga “falsos positivos” y espionaje político
El presidente Álvaro Uribe está siendo investigado por la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, por masacres sucedidas durante su mandato y otros crímenes contra los derechos humanos. Uno de los informes es sobre el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros de las FARC, conocidos como “falsos positivos”.
La posición del Alto Tribunal es que “hay bases razonables para creer que se trató de una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad”.
PARAPOLÍTICA Y ESPIONAJE
Uno de los más recientes informes recibidos por la Corte Penal Internacional fue consignado por el diputado del Polo Democrático (de izquierda), Iván Cepeda, quien denuncia “hechos protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y constituyeron delitos de persecución contra opositores, magistrados, políticos y periodistas, contra los que ordenó intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, constituyen persecución por motivos políticos”.
LOS VIEJOS NEXOS DE URIBE
El parlamentario Iván Cepeda denunció hace varios meses, con pruebas testimoniales, los nexos del mandatario con varios jefes paramilitares actualmente en prisión, con quienes trabajó estrechamente en su hacienda Guacharacas, cuando era gobernador del departamento de Antioquia, (norte de Colombia) donde nacieron las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El pasado mes, Cepeda también rindió declaraciones ante la Corte Suprema para enfrentar un recurso introducido en su contra a raíz de sus denuncias contra Uribe.
| FUENTE: RAÚL PINEDA - http://www.ciudadccs.org.ve |
