La suspensión de la medida, que permitía al Estado argentino no cancelar la deuda reclamada por los acreedores que exigen su pago total, compromete la cancelación de compromisos al resto de los demás fiadores.
En este nuevo escenario, no se podrá hacer el pago a los acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, se pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitres, monto que podría ascender a 15 mil millones de dolares.
"El levantamiento del 'stay' por parte del Segundo Circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el Juez (Thomas) Griesa", refiere un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas argentino.
La nación suramericana ha reiterado la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados, ya que siempre ha ofrecido pagar bajo las mismas condiciones y en concordancia con la ley del país; sin embargo, la presidenta Cristina Fernández declaró el pasado lunes que no someterá a su país y a su pueblo a una extorsión semejante a la que ha ordenado el juez Griesa, quien retomará el caso de los fondos buitre luego que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación hecha por Argentina.
Al día siguiente, el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, expresó que los llamados fondos buitres no solo son un problema de Argentina, pues esta práctica especulativa con las deudas de los países ha sido reconocida como un problema del sistema económico global, al imposibilitar la reestructuración de las deudas y lograr acuerdos.
Los fondos buitre representan un capital que se invierte en un Estado que se ha declarado en default y necesita ayuda económica. Quienes hacen la inversión luego exigen la cancelación del 100 % de la deuda en un solo pago, situación que generalmente deviene en litigios, que en el caso de Argentina, fueron remitidos a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
| FUENTE: AVN |
