En un mensaje a los medios, el fiscal general mexicano, Jesús Murillo Karam, insistió en la importancia de estos últimos detenidos, al señalar que dos de ellos son los primeros que han confesado su participación en la "desaparición y destino" de los estudiantes. Había detenidos que habían confesado su participación en la captura de los jóvenes y "teníamos claramente identificados autores intelectuales. Hoy tenemos ya a quienes operaron la desaparición de estos jóvenes", enfatizó el fiscal.
Los otros dos detenidos pueden ser "halcones" (vigilantes) de Guerreros Unidos, dijo Murillo Karam.
Los 43 alumnos de una combativa escuela rural que forma a maestros en Ayotzinapa (Guerrero) desaparecieron en la noche del 26 de septiembre, en medio de una serie de ataques a tiros de la policía municipal de Iguala y de sicarios de Guerreros Unidos que dejaron seis muertos.
Por otras declaraciones de detenidos, la fiscalía sospecha que los jóvenes fueron entregados por unos policías a unos sicarios y que éstos presuntamente los asesinaron y enterraron, pero ha recalcado que no dará crédito a esta versión hasta que encuentre a los jóvenes.
Murillo Karam no ofreció más detalles de las declaraciones de los detenidos y sólo señaló que "un grupo especial de peritos de la procuraduría (fiscalía) y del grupo (independiente) de expertos argentinos busca evidencias" para corroborarlos, aunque a la vez, por si resultan falsos, se sigue en la búsqueda de los jóvenes.
Nueva fosa
Antes de este anuncio, la fiscalía había localizado una nueva fosa clandestina en la localidad de Cocula, vecina de Iguala, donde trabajan peritos forenses y en la que al parecer hay restos humanos, dijo un funcionario federal.
Anteriormente, las autoridades habían hallado otros 38 cadáveres en fosas en los alrededores de Iguala. Los estudios realizados a 28 de los cuerpos determinaron que entre ellos no está ninguno de los estudiantes desaparecidos.
Pero la fiscalía pidió tener en cuenta también el dictamen que preparan los expertos argentinos, que colaboran en la investigación por petición de las familias.
Sobre los motivos del ataque, la fiscalía acusa a José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, ahora revocado, de ordenar reprimir a los estudiantes porque temía que fueran a boicotear un acto público de su esposa, de quien después se supo que es hermana de narcotraficantes y es ahora acusada de ser la principal operadora de Guerreros Unidos en Iguala, a 200 kilómetros de Ciudad de México. Tanto Abarca como su esposa, María de los Ángeles Pineda, huyeron de Iguala dos días después de los ataques y ahora se les busca intensamente.
El presidente promete restablecer seguridad
La crisis política por la desaparición de los jóvenes, que ha conmocionado dentro y fuera de México, derivó el viernes en la salida del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fuertemente cuestionado por su falta de respuesta ante el crimen.
El nuevo gobernador interino, el académico Rogelio Ortega Martínez, fue recibido el lunes por el presidente Enrique Peña Nieto en su residencia oficial capitalina.
Peña Nieto se comprometió a apoyarlo para "restablecer el orden" en esa demarcación, una de las más pobres y violentas del país. "He instruido al gabinete de seguridad -formado por las dependencias de seguridad y justicia mexicanas- para que mañana (martes) se reúna con el gobernador en Guerrero y definan acciones para restablecer el orden y generar condiciones de seguridad" en la región, dijo Peña Nieto en mensaje a los medios conjunto con Ortega Martínez.
Por su lado, el gobernador interino pidió al presidente que en la investigación se acepte la asesoría de "un equipo de personalidades" de alta autoridad moral, sin citar nombres.
Desgastados por un mes de angustia, los familiares de los desaparecidos han prometido seguir con las protestas para exigir la aparición con vida de sus hijos.
| FUENTE: AFP - http://www.prensalibre.com |
