50 días se cumplen este viernes de la desaparición de los 43 jóvenes mexicanos, estudiantes de la Escuela Normal Rural de la población de Ayotzinapa, en Iguala, estado de Guerrero. Aún se desconoce dónde están y sus condiciones.Los familiares demandan respuestas y, mientras tanto, la postura tambaleante y silenciosa ante esta situación invade al gobierno mexicano, las corporaciones mediáticas y a los organismos internacionales dedicados a hacer valer los Derechos Humanos.
No se sabe del paradero de los estudiantes desde el pasado 26 de septiembre. Sólo se conoce que ese día un grupo de estudiantes fueron blanco de ataque y de represión de la policía de Guerrero, acción en la que además resultaron asesinadas seis personas. De acuerdo con las denuncias e investigaciones preliminares los hoy desaparecidos fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos.
Por el hecho fueron detenidos recientemente, el que fuera entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, señalados por la justicia mexicana como: autor intelectual y cómplice, respectivamente.
El pasado 7 de noviembre, en una conferencia de prensa, el titular de la Procuraduría General de la República mexicana, Jesús Murillo Karam, relató que de acuerdo al testimonio de tres hombres que fueron detenidos por el caso, los 43 estudiantes fueron asesinados.
"No tengo ninguna duda de que allí hubo un homicidio masivo, ¿qué tengo que hacer ante esa certeza? Identificarlos", señaló el fiscal general al presentar una reconstrucción de los hechos que incluyó un video con imágenes del lugar donde presuntamente fueron arrojados los cuerpos, un vertedero del municipio de Cocula.
"Los quemaron con todo y ropa y los enterraron con todo y ropa", dijo Murillo quien aclaró que los jóvenes fueron detenidos por policías corruptos, entregados al crimen organizado y asesinados por unos sicarios.
Sin embargo, tras estos detalles, el fiscal aclaró que la investigación sigue abierta y se seguirá considerando a los 43 estudiantes normalistas como desaparecidos.
30 fosas comunes puestas a un lado
Lo ocurrido con los estudiantes (todos provenientes de sectores más pobres de México) y lo que ha salido a la luz pública tras las limitadas acciones de búsqueda, como por ejemplo el hallazgo de fosas comunes, alrededor de 30, cuyos cuerpos no están identificados, han quedado en meras notas restringidas a señalar que los cuerpos encontrados, afortunadamente, no son de ninguno de los 43 estudiantes. No existen respuesta a esas interrogantes, y las demandas de medios y de organismos de los Derechos Humanos tampoco se han hecho sentir.
Tras más de siete semana de la desaparición de los jóvenes mexicanos, fue cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió "supervisar" la creación de un Grupo Interdisciplinario de Asistencia Técnica, condicionadas en medidas destinadas a la búsqueda de personas desaparecidas, líneas de investigación y un programa de atención a víctimas, las cuales no estarán limitadas al caso de los estudiantes desaparecidos.
"Por la defensa de los derechos humanos en el hemisferio", es el slogan de la CIDH, organismo que tiene como tarea la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Sin embargo, no fue hasta este jueves que decidió prestar "asistencia técnica" a lo que ocurre en el país azteca.
El embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa, dijo este jueves -en entrevista concedida al Grupo Televisa, monopolio de medios de comunicación y uno de los principales participantes de ese negocio en el mundo- que el grupo de la CIDH se mantendrá por seis meses, lapso que será prorrogable, y que cada acción estará sujeta a protocolos internacionales, estándares y buenas prácticas, lo que servirá, según Rabasa, para ir "transparentando la acción del Estado Mexicano" y convertirse en "ejemplo" para el continente.
En sus declaraciones al Noticiero de Televisa el representante del gobierno mexicano no condenó el hecho ocurrido con los estudiantes ni con las fosas comunes encontradas.
El silencio corporativo de los medios masivos de comunicación, la falta de voluntad, de responsabilidad, y las desvinculaciones del verdadero rigor profesional que debe ejercer el Estado como garante de los Derechos Humanos de su población sobre este lamentable suceso que ha destapado al menos otros 30 casos más con las fosas comunes descubiertas, son los elementos que por ahora signan estos acontecimientos.
| FUENTE: Gissel Molina - AVN |
