La decisión se da después de la demanda del estado de Texas y de otros 25 gobernadores republicanos y fiscales generales contra el decreto, de acuerdo a lo que publican The Washington Post y The New York Times.
La orden busca aplazar la aplicación del decreto hasta que tenga lugar el proceso sobre la legalidad del plan de regularización de los sin papeles anunciado por Barack Obama al 20 de noviembre.
Más de cinco millones de extranjeros en situación irregular podrían aprovechar ese programa y obtener permisos de trabajo por tres años.
El juez Hanen señaló que la administración del presidente Obama no respetó los procedimientos legales para la puesta en vigor del decreto, según The New York Times.
La administración Obama ha respondido que el presidente de Estados Unidos actuó por decreto, lo que permite aplicar inmediatamente la norma.
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