Nuevo episodio de parapolítica sacude Colombia

Un nuevo episodio de parapolítica sacude al Congreso colombiano, luego que el ex senador Humberto de Jesús Builes Correa (2002-2006; 2006-2010) fuera acusado de promover y colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia en la construcción de una plataforma política en la región antioqueña Urabá.
Builes Correa fue señalado por paramilitares como partícipe del proyecto político Por una Urabá Grande Unida y en Paz, dirigido por el cabecilla paramilitar Freddy Rendón, alias "El Alemán".

Aunque los orígenes de esta plataforma "fueron lícitos y democráticos cuando se llamaba 'Proyecto Político por una Urabá Grande y Unida', la nueva versión en la que se involucró (el excongresista) adquirió reconocimiento y aceptación en las comunidades de esa región a través de la fuerza que le imprimieron los grupos ilegales de autodefensas que dominaron esa región", precisa el pliego acusatorio, reseñado por El Espectador.

El político antioqueño se valió del bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas para hacerse con un curul en el Senado. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a seis años y medio de cárcel por concierto para delinquir agravado.

En el último lustro, casi dos centenares de congresistas y otros 470 funcionarios han sido acusados de parapolítica en Colombia, de acuerdo con los informes de la Fiscalía General de la Nación y de la Misión de Observación Electoral (MOE).

De los 199 congresistas con investigaciones abiertas por nexos con las Autodefensas, 102 eran representantes ante el poder legislativo y 97 eran senadores, precisó el documento de la MOE.

El epicentro de los escándalos es precisamente Antioquia, con 27 casos, nueve de ellos protagonizados por militantes de Cambio Radical, la misma organización política a la que pertenece Builes Correa.

Sin embargo, Cambio Radical es la tercera organización política con más casos (32). El primer lugar lo mantienen los liberales, con 45, y le siguen los conservadores, con 36.

En todo el territorio neogranadino, solamente 40 congresistas han sido condenados. Nueve permanecen bajo juicio y sobre 110 pesa una investigación preliminar. Otros nueve o bien fueron absueltos o sus procesos fueron archivados.

Desde que el gobierno de Álvaro Uribe puso en marcha el proceso de Justicia y Paz, en 2005, hasta abril de este año, se han presentado 11.179 solicitudes de indagación de 943 políticos, 870 militares, 330 servidores públicos y 9.036 personas privadas, entre ellos, empresarios sospechosos de haber contribuido con el paramilitarismo, detalló un reportaje de Verdadabierta.com.

Los "paracos" y las bandas criminales

Las operaciones de narcotráfico y paramilitarismo ejecutadas por bandas criminales (Bacrim) se han extendido a 31 de los departamentos de Colombia, de acuerdo con el informe del Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), difundido en febrero de este año.

En total, 496 municipios neogranadinos están sujetos a las actividades de las Bacrim, integrados por desmovilizados y paramilitares, 147 municipios más que en 2008, cuando obraban en 259 localidades.

Los departamentos que concentran la mayoría de las acciones de los narcoparamilitares son Antioquia, con 71 municipios; Bolívar, con 34; Nariño, con 28; Valle, con 26 y Córdoba, con 24.

"Los Rastrojos" amplió su poderío entre 2010 y 2011 de 185 a 247 municipios, especialmente en el Pacífico y el sur de Colombia; la lista la siguen "Los Urabeños", de 160 a 211; "Las Águilas Negras", de 99 municipios a 112 y "Los Paisas", de 63 a 103.

El defensor de los derechos humanos y congresista del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, ha dicho que la expresión "bacrim" no es más que un eufemismo utilizado por el gobierno nacional para denominar a una estructura más del paramilitarismo.

El presidente, Juan Manuel Santos, ha atribuido el avance de las Bacrim a "una tenebrosa mano de la extrema derecha en Colombia", recordó el también miembro de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz.

Para José Antonio Gutiérrez, coordinador del libro Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina, el paro armado es prueba de que "la desmovilización no fue tal y que lo que se buscó fue, en gran medida, la impunidad y la "normalización" de la obra del paramilitarismo (expropiación, control, consolidación de cacicazgos políticos)".

Cepeda ha advertido que tras la militarización se oculta una concertación "para evitar cualquier proceso de restitución de tierras, cualquier proceso tendiente a la paz en Colombia y cualquier proceso que beneficie a campesinos, indígenas y afrodescendientes en esta zona del país".

FUENTE: Neirlay Andrade - AVN