Más de cuatro meses después de ese episodio, el hombre que un día dirigió el Órgano Judicial del país se declaró culpable. Admitió haber cometido dos de los cuatro delitos que se le endilgan: enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica en documentos públicos.
Esto, luego de que su defensa pactara un acuerdo con el fiscal del caso, Pedro Miguel González: tendrá que enfrentar una pena de prisión de 60 meses y además no podrá ejercer funciones públicas por igual periodo.
El acuerdo entre el fiscal González y el equipo legal de Moncada Luna debe ser avalado por las juezas de garantías del proceso: la perredista Zulay Rodríguez, la panameñista Kathleen Levy y la independiente Ana Matilde Gómez.
El pacto establece cinco condiciones: el magistrado separado tiene que devolver dos apartamentos en Coco del Mar, valorados en $1.7 millón. Uno está ubicado en el PH Ocean Sky –donde cumple su detención preventiva– y el otro en el PH Santorini. Estas propiedades quedarán en manos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Asimismo, el convenio contempla que la condena a 60 meses de prisión (cinco años) es la pena principal, mientras que la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período es la accesoria.
El punto tres estipula que el imputado se somete a las condiciones del cumplimiento que imponga el tribunal de garantías. Igualmente, que el pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación.
LAS CUENTAS
Consultado sobre el destino de las cuentas bancarias y otros bienes que le fueron incautados a Moncada Luna –$4.6 millones en 14 cuentas bancarias y tres vehículos–, González explicó que la fiscalía tomó la decisión de desaprehender las cuentas y que quedará en manos de las juezas de garantías avalar o no la decisión. “Sin menoscabo de cualquier situación que podría generarse en un futuro sobre las mismas”, indicó.
El diputado del Partido Revolucionario Democrático argumentó que no todas las cuentas que aprehendió la fiscalía estaban contempladas dentro del patrimonio injustificado del magistrado separado. Algunas estaban ligadas a los supuestos actos de corrupción y al blanqueo de capitales, que no fueron contemplados en el pacto.
Varias de las cuentas que les fueron aprehendidas a Moncada Luna están a nombre de sociedades que fueron contratistas del Órgano Judicial en el tiempo en que el magistrado presidió la Corte, entre 2012 y 2013 (Ver relacionada).
Para alcanzar este acuerdo, González se amparó en el artículo 220 del Código Procesal Penal, que contempla la aceptación del imputado de los hechos por los que se le acusa, así como la pena a imponer.
González tildó de “caso histórico” el pacto que alcanzó con Moncada. No obstante, dijo que la determinación de la responsabilidad penal de un imputado no es del fiscal, sino del juez. Aseguró que si no se hubiese llegado a un acuerdo le tocaría al pleno del Legislativo decidir.
“Existía mucha incertidumbre de lograr una sentencia condenatoria, yo creo que este ha sido un acuerdo positivo que garantiza la operatividad del sistema y la certeza del castigo. Nadie está por encima de la Constitución y de la ley”, expresó, al tiempo que afirmó que se cumplió con todo el proceso que establece el Sistema Penal Acusatorio.
HABLA LA DEFENSA
Por su parte, Ramiro Jarvis, abogado de Moncada Luna, dijo que pactaron porque la condición de salud del magistrado separado se ha ido deteriorando. “Esto ha incidido en la decisión tomada, sumado al grado emocional al que ha sido sometida su familia”, sostuvo.
Explicó que Moncada Luna admitió el delito de falsedad de documentos a raíz de lo establecido por la fiscalía al argumentar que no declaró todos sus bienes. “Esta decisión da fin al proceso [contra] el magistrado Moncada Luna [para que] no pueda ser sometido a la justicia ordinaria ... y él ya aceptó el resultado”, destacó el jurista.
La negociación se consolidó en la oficina judicial de la Asamblea Nacional, ubicada en el piso 5. Tomó al país por sorpresa. En la mañana, poco se sabía del caso. González se presentó brevemente en el pleno después del mediodía, pero esquivó a los medios. Sin embargo, a eso de las 5:30 p.m. se dio a conocer extraoficialmente que a las 6:00 p.m. se anunciaría el acuerdo. Y así fue.
LO QUE SIGUE
Ahora, el caso queda en manos de las tres juezas de garantías, que deben decidir si el acuerdo cumple con los parámetros establecidos en el Código Procesal Penal. Esto será evaluado en una audiencia, a la que deberán convocar las juezas en los próximos días.
Según lo contempla la ley, en ese acto el fiscal deberá sustentar de manera oral la negociación lograda. Si avalan el documento, las juezas procederán a dictar la sentencia. Cuando se condena al imputado se interpondrá la pena que no podrá ser mayor a la acordada ni inferior
a una tercera parte de la estimada por los delitos.
Por ahora, las juezas no han anunciado cuándo será la audiencia. El único pronunciamiento sobre el particular lo dio Kathleen Levy a través de su cuenta de Twitter, ayer en la noche. En la red social dijo: “El Fiscal tendrá que sustentar el acuerdo oralmente en audiencia y las juezas tendremos que aceptar o no el acuerdo”.
DIFERENCIAS
El proceso llegó a una etapa importante en medio de diferencias entre las juezas del caso. En la mañana de ayer, la perredista Zulay Rodríguez declaró en varios medios de comunicación que había “interés” del presidente de la República, Juan Carlos Varela, en el puesto de Moncada Luna en la Corte Suprema de Justicia, para así nombrar a alguien de su confianza.
Esto disgustó a su colega, la panameñista y presidenta de la subcomisión de garantías, Kathleen Levy. La diputada del circuito 8-10 manifestó que las declaraciones de Rodríguez estuvieron “fuera de orden”. “En ningún momento el presidente [Varela] ha querido inmiscuirse en este tema (...) este es un tema de la Asamblea”, argumentó.
Agregó que están trabajando apegados al Sistema Penal Acusatorio. Rodríguez siguió cuestionando. “Hay muchas cosas en el tapete (...) Mi partido me llamó, lo vamos a discutir a lo interno de mi bancada (...) Te puedo decir que hay muchos intereses”, sostuvo. Rodríguez también ha tenido desencuentros en
los últimos cuatro meses con Ana Matilde Gómez, la otra jueza de garantías.
CORTE NO SE PRONUNCIÓ
Este diario pidió una opinión al magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado, sobre el caso de su colega, pero se informó a través de la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial que “en respeto a la separación de poderes, la Corte Suprema de Justicia no emitirá comentario alguno acerca de un proceso que se adelanta en la Asamblea Nacional”.
No obstante, fuentes del Órgano Judicial explicaron que si hubiese sido condenado en un juicio, Moncada Luna enfrentaría la condena más grave de 12 años, a la que se le sumaría un porcentaje por los otros delitos. Según la fuente, la condena hubiese superado los 15 años.
‘EL TÍO PIPO’
El proceso contra Moncada Luna en el Órgano Legislativo se inició en octubre del año pasado, luego de que representantes del Colegio Nacional de Abogados y de la Alianza Ciudadana Pro Justicia presentaran una denuncia luego de conocerse –a través de una investigación de La Prensa– que el funcionario adquirió –desde que accedió al cargo y con un salario de $10 mil mensuales– dos apartamentos en Coco del Mar, valorados en $1.7 millón, uno en el PH Ocean Sky y otro en el PH Santorini.
La investigación de González se centró en demostrar que el magistrado separado recibió dinero y bienes a través de representantes legales de empresas que contrataron con el Órgano Judicial.
En sus argumentos, Moncada Luna ha dicho que uno de los apartamentos –el del PH Santorini– lo compró gracias a un préstamo por $700 mil que le hizo el empresario Alejandro Pipo Virzi, considerado uno de los integrantes del “círculo cero” del expresidente Ricardo Martinelli, quien nombró a Moncada Luna en la Corte.
En una entrevista que el fiscal González le realizó a Virzi, este aclaró que no le había prestado [a Moncada] $700 mil, sino $1.8 millón. “No diría que la versión de Virzi sea contradictoria, simplemente que la versión de un supuesto préstamo sin intereses por $700 mil ahora ha sido variada”, dijo entonces el fiscal.
Durante el proceso, Moncada Luna pregonó su inocencia. “Se me violaron todas mis garantías. Lo único que faltó fue acusarme de homicidio y tráfico de droga. Voy a presentar todas las pruebas que tengo. Voy a comprobar todos los pagos que he hecho, que son de procedencia lícita”, dijo en una ocasión.
| FUENTE: Con información de Olmedo Rodríguez, y Eduardo Mendoza - http://prensa.com |
