De acuerdo con el reportaje, algunas compañías cubanas que el bufete habría ayudado a crear tenían vínculos con entidades oficiales cubanas que aparecían en una lista de personas o entidades bloqueadas, con las que las empresas estadounidenses y sus sucursales tienen prohibido hacer negocios.
La prohibición está basada en la posibilidad de que estas personas o entidades puedan tener conexiones con el terrorismo, el tráfico de drogas o tengan relación con programas de sanciones que Estados Unidos mantiene contra determinados países.
El reportaje está basado en las revelaciones que facilitó a comienzos de este año el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Según El Nuevo Herald, tres compañías creadas por el Estado cubano en jurisdicciones opacas Miramar Investment Corporation Ltd, Mercaria Trading, S.A., y Caribbean Sugar Traders tuvieron como uno de sus directores a Porfirio Medero Paiva, que aparece identificado con la dirección en Madrid de la compañía Crymsa Import Export S.A., empresa que está en la lista de “personas y nacionales especialmente designados” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Entre tanto, dice el reportaje, Acepex Management, S.A., registrada en las Islas Vírgenes Británicas y activa durante la década pasada, estaba vinculada a la exportación pesquera y de mariscos. Uno de sus directores, René Besteiro Bauta, era viceministro en el Ministerio de la Industria Pesquera.
Acepex (Asociación Pesquera de Comercio Exterior) es, dentro de ese ministerio, la división encargada de las exportaciones e importaciones de productos pesqueros, a partir de una reorganización de la industria en 1996.
La Empresa Cubana de Pescados y Mariscos (Caribex) mantiene como su correo electrónico la dirección acepex@ceniai.inf.cu. Y Caribex está incluida en la lista de las empresas cubanas sancionadas, señala El Herald.
En la Gaceta Oficial de Cuba de diciembre de 2004, dice el reportaje, aparece una resolución en la que se autoriza la renovación de la licencia “en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, a la firma de Islas Vírgenes Británicas Acepex Management, S.A”.
EXTRANJEROS
Relata el reportaje que algunos empresarios extranjeros que tenían operaciones en Cuba también habrían utilizado empresas offshore para realizar transacciones con la isla, que habrían podido estar sujetas a multas del Gobierno estadounidense.
El empresario peruano-español Jorge Luis Fuchs, radicado en Costa Rica, era dueño de varias empresas intermediarias para distribuir productos médicos de Orthofix, una compañía internacional basada en Texas.
Fuchs era vicepresidente de Orthofix para América Latina cuando supuestamente utilizó a finales de 2006 a la empresa M.I.S. Technologies, S.A., registrada en Panamá y administrada por Mossack Fonseca, para asegurar un contrato con el conglomerado estatal cubano Cimex, S.A. para la venta de clavos y tornillos ortopédicos por 4.5 millones de dólares.
“Orthofix, teniendo operaciones en EU, no puede vender directamente a Cuba, por lo tanto M.I.S. sirve como intermediario y distribuidor. La mercancía ya ha sido enviada hacia M.I.S. en Panamá desde el proveedor Orthofix desde varios lugares de producción y se encuentra en una bodega en la Zona Libre de Colón”, detalla un memorando del bufete.
Fundada por el Ministerio del Interior cubano y actualmente bajo el control de los militares, la Corporación Cimex, S.A., con oficinas en La Habana, Panamá, España y México, se encuentra también en la lista de entidades sancionadas por la OFAC.
La transferencia inicial se habría realizado entre el Banco Financiero Internacional de Cuba y la filial en Panamá del BBVA. De allí, los fondos serían transferidos a una cuenta manejada por MF. “Una vez que los fondos hayan sido transferidos del BBVA a esta cuenta nueva, unos 2.1 millones de dólares tienen que ser transferidos al proveedor Orthofix, así como unos 600 mil dólares a otros intermediarios”, indica el memorando.
El contrato fue firmado por Eduardo Bencomo Zurdos y Raúl Fuentes González, presidente y gerente general de Cimex en ese momento, respectivamente, aunque por parte de M.I.S. Technologies solo firmaron empleados de MF que prestaban servicio como sus directores nominales, dice el reportaje de El Herald.
El abogado Peter Quinter—expresidente de la Sección de Derecho Internacional de la Asociación de Abogados de la Florida y presidente de la sección de leyes aduanales y de comercio internacional en el bufete de abogados de GrayRobinson—cree que una transacción como la descrita, en la que una empresa con sede en Estados Unidos utiliza una compañía offshore para vender productos médicos a una empresa cubana que aparece en una lista de entidades sancionadas por la OFAC, podría ser investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por una violación del embargo.
Un vocero del Departamento del Tesoro confirmó a El Nuevo Herald que si una transacción con Cuba de una empresa estadounidense no está “cubierta por una licencia general o específica, entonces también está prohibido que la empresa participe en las transacciones directamente o a través de un intermediario”.
En este caso, la empresa Orthofix podría haber solicitado una licencia para vender esos productos médicos a Cuba.
Sobre los señalamientos vertidos, la Embajada de Cuba en Washington no contestó a El Herald una petición de comentario para esta historia, señaló el rotativo estadounidense.
FUENTE: http://www.prensa.com
