
De esta manera opinan juristas consultados por Panamá América ante las denuncias aparecidas en los medios de comunicación que dan cuenta de que el diputado Valderrama ha llamado al administrador de la ACP, Jorge Quijano, y al directivo de esta entidad Marco Ameglio para pedirles favores relacionados con nombramientos de funcionarios.
Silvio Guerra, abogado constitucionalista, considera que las informaciones surgidas en los medios constituyen notitia criminis para que la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, inicie una investigación de oficio por violación al Código Penal en la modalidad de tráfico de influencia.
"El Estado no puede permitirse que reine la corrupción", expresó Guerra al señalar que estas informaciones relacionadas con un supuesto tráfico de influencia en la ACP debe ser un llamado de atención para las autoridades para que se detengan a revisar lo que está ocurriendo en esta entidad administradora de uno de los recursos más valiosos del país, que es el Canal.
El también jurista Ernesto Cedeño coincide con Guerra en señalar que se podría estar ante un hecho de tráfico de influencia que debe ser investigado por el Ministerio Público y de encontrarse la vinculación del diputado Valderrama, remitir el caso a los magistrados de la Corte Suprema, que son los competentes para investigar a un miembro de la Asamblea.
Ambos abogados opinan que a simple vista se puede observar que evidentemente existe una falta al Código de Ética de los funcionarios, que debe ser atendido tanto por la Asamblea Nacional de Diputados como por la ACP.
Claves
Denuncia: Lourdes Castillo, directiva de la ACP, denunció que el diputado Aldolfo Valderrama pedía favores al administrador de la institución para el nombramiento de copartidarios.
Confirman: Zulay Rodríguez confirmó la denuncia en conversación que sostuvo con su colega y directivo de la ACP, Elías Castillo.
FUENTE: Antonio Pérez M. - http://www.panamaamerica.com.pa/