El presidente de la República, Juan Carlos Varela, no solo sería el responsable de los casos de persecución política que se han comprobado en el Gobierno, sino también de los efectos que produzca a futuro la baja ejecución que presente su administración en este quinquenio.A esta conclusión han llegado algunos expertos, que han identificado una agenda política a lo largo de los primeros 26 meses de gestión presidencial, la cual se ha venido aplicando a exfuncionarios, que a su vez representan un peligro hacia las aspiraciones políticas de los miembros del Gobierno.
Paralelo a esta agenda política, que es promovida en las instituciones públicas, se ha creado una inactividad gubernamental que ha motivado protestas sociales, y para lo cual el Ejecutivo ha echado mano de la represión policial, hacia quienes reclamen una respuesta a los problemas sociales que los afecta.
Esto ha hecho que miembros de la sociedad civil y dirigentes de oposición califiquen la gestión del presidente como una labor marcada por el interés político, antes que social.
Debido a esto, el presidente Varela es acusado de promover una agenda político-judicial.
También, de haber utilizado instituciones del órgano de Justicia y el Legislativo, para abrir expedientes judiciales, coordinados desde el Consejo de Seguridad, adjunto a la Presidencia, por el secretario de Seguridad, Rolando "Picuiro" López.
Uno de los principales perseguidos políticos es el expresidente de la República Ricardo Martinelli, a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha tramitado su extradición, sin antes aplicarle una audiencia para imputar los presuntos delitos.
En primera instancia, la Corte pidió elevar una alerta roja a la Interpol contra el expresidente, desconociendo que por el caso investigado no puede realizarse esta diligencia.
Esto hizo que su equipo legal llegara a la conclusión de que existe una violación a los derechos del expresidente, ya que primero se debió realizar un traslado a la defensa y llamar a una audiencia de control para tomar una decisión.
En este caso, el abogado Carlos Carrillo indicó que el artículo 3 del estatuto de la policía internacional, que trata sobre sus prohibiciones, señala que "está rigurosamente prohibida a la organización (Interpol) toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial".
Incluso, se señala que cada proceso contra el exmandatario se produce luego de una publicación de las encuestas de aceptación popular, en las que el presidente Varela ha sido considerado por la población como uno de los peores inquilinos del Palacio de las Garzas.
Otros casos
El caso de Martinelli no es el único en el que los organismos de justicia no logran comprobar los supuestos delitos.
Las autoridades de justicia han tenido que ordenar cambios de medidas cautelares a más de 20 exfuncionarios de la anterior administración, así como las consignaciones de fianzas de excarcelación.
El monto fijado para estas fianzas, exageradas para algunos, asciende a un total superior a $6 millones.
Entre estos procesos figuran el del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima y el del extitular de Seguridad Pública José Raúl Mulino.
En el caso de Mulino, el Segundo Tribunal Superior de Justicia invalidó una decisión tomada por el Juzgado Quinto de declarar nulidad parcial del proceso contra el exministro y Alejandro Garuz, por el caso de los radares.
Por otra parte, la madre del exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez, Gerta de la Ossa de Pérez, lamentó cómo su hijo se encuentra privado de libertad desde el 12 de enero de 2015.
"Imagínense, mi hijo lleva un año y medio detenido injustamente", criticó.
Pero la campaña de persecución emprendida por el Gobierno también guarda relación con los conflictos políticos.
Hace algunos meses, el diputado perredista Iván Picota afirmó que el motivo de la detención del exministro del Mides Guillermo Ferrufino era por un pase de factura, al haberse negado a correr como vicepresidente de Varela.
"¿Sabes cuál fue el pecado de Ferrufino?, haberle dicho a Varela en tres ocasiones que no iba a ser su vicepresidente. Esto es un pase de factura", reveló.
En el caso de la presidenta encargada de Cambio Democrático (CD), Alma Cortés, fue detenida, tras presentar un fundamento legal contra el contralor Federico Humbert por iniciarle una investigación de oficio por supuesto enriquecimiento injustificado.
El veterano político panameñista Jorge Gamboa Arosemena opinó que esta situación se expresa muy bien por "la naturaleza salvaje del Gobierno; pues en un estado democrático, un sistema justo nivela. ¿Qué vivimos en Panamá?".
Gamboa Arosemena repudió el trato que reciben las clases élites que componen esta administración, y quienes auspician las acciones represivas.
"¿Cuál de los funcionarios elegidos está tratando de cambiar el sistema? Ninguno. Luego, ni una reelección más", refirió.
A la par de la persecución política contra quienes estaban en la pasada administración pública, se enarbola una justicia selectiva, que deja más lacerado el debilitado sistema de justicia.
Medidas cautelares distintas y demora en las sumarias se hacen con un trasfondo, denunciaron opositores del gobierno.
Dominio de Cambio Democrático provocó intereses para perseguir
La desarticulación de las principales figuras de Cambio Democrático (CD) sería la razón por la cual se persigue a dirigentes del colectivo en oposición, han denunciado sus miembros.
Para ello, incluso se detuvo por 13 días a la presidenta encargada, Alma Cortés, e impuso un sistema de presión a diputados del partido.
Ante esto, miembros de CD han exigido un cese a las intenciones de tomarse el partido.
Entre ellos, el expresidente Ricardo Martinelli, quien sostuvo: "Creo es un error inventar un proceso y meter presa a la presidenta del único partido de oposición. ¿Es Venezuela o Irán? No, esto es Panamá".
Otro ejemplo sería como, a través de amenazas y chantajes, se ha intimidado a diputados de CD, que los ha llevado a la disidencia en la Asamblea Nacional, lo cual sería un punto de fricción para lograr una desestabilidad en el partido.
Casos de persecución responden a objetivos económicos de allegados
Empresarios presionarían al presidente Juan Carlos Varela.
Élite económica: Los primeros casos de detenciones preventivas contra exfuncionarios se produjeron hacia los encargados de cobrar impuestos y atacar los monopolios económicos, tales como el exdirector de Ingresos, Luis Cucalón.
Círculo cero: El presidente Varela se ha rodeado de consejeros y figuras que han guardado relación con sus negocios o pertenecen a los conglomerados que patrocinaron su campaña electoral, denunciaron los opositores.
En las redes sociales cuestionan los motivos del Gobierno para aplicar la persecución política.
@ElTwitaso: La propia incapacidad de Varela como gobernante de turno, lo obliga a utilizar la persecución como método de distracción al pueblo.
@Sojaylan: Es increíble cómo Varela sigue la persecución. ¿Este presidente qué es lo que pretende?, el país en #caos.
@roycito81: Definitivamente el gobierno del señor Varela se ha dedicado a la persecución; en las noticias no hay agua, la canasta básica carísima. ¡Qué va!
@YGill13: Mucha persecución, pónganse a trabajar. @JC_Varela tiene todo aguantado y nada más comen ustedes. @panamenistas.
@EMorgan05: @JC_Varela en vez de estar en persecución, puede ir muy bien a construir el Hospital de Panamá. Norte. Promete y no cumple. Y esto no es ODIO!
@javiersinc1: Mientras no lo exijamos en las calles, a Varela no le importará nada y seguirá su persecución implacable.
FUENTE: Jason Morales Valdés - http://www.panamaamerica.com.pa
