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martes, 6 de septiembre de 2016

(Panamá) Policías de alto rango se retirarán con salario de 7 mil dólares al mes

Alexis Bethancourt, ministro de Seguridad (Minseg), firmó el Decreto 302 que busca crear una nueva modalidad de jubilaciones especiales en la Fuerza Pública para beneficio propio.

El decreto establece que se trata de una modalidad de jubilaciones anticipadas para los comisionados que dejan los cargos de ministros, viceministros, directores, subdirectores y secretarios generales de las instituciones del Órgano Ejecutivo.

La norma no solo otorga como beneficio un retiro aún más anticipado a lo que por ley se establece para los organismos de la Fuerza Pública, sino que se van al descanso con un salario de 7 mil dólares mensuales.

Una jubilación anticipada y costosa para las arcas del Estado que podría superar los 8.4 millones de dólares y que solo beneficiará a un grupo de diez oficiales que ocupan estos cargos de mando y jurisdicción en el Gobierno Central.

El decreto indica que se adiciona un párrafo al artículo 364 del Decreto 172 que hace referencia a los motivos para jubilarse en la Fuerza Pública.

Uno de estos motivos es haber cumplido 30 años de servicio, pero también hace referencia a las condiciones para jubilarse de manera anticipada a estos 30 años de servicio.

Sin embargo, la norma indica que en el caso de que un oficial reciba la jubilación anticipada antes de los 30 años de servicio no recibe el 100% del salario como uniformado.

Una situación contraria a las condiciones que se incorporaron en el nuevo decreto, firmado por el presidente Varela y el ministro Bethancourt, que indica que los oficiales que ocupen cargos de jerarquía en el Gobierno al salir de estos puestos podrán jubilarse con el 100% del salario.

Para el abogado Ernesto Cedeño este decreto tiene vicios de ilegalidad, porque se excede a lo que establece la Ley 93 del 2013 sobre las limitaciones de las jubilaciones especiales para los uniformados de la Fuerza Pública.

La razón de sus argumentos es porque la Ley 93 establece que este beneficio que tienen los oficiales que se jubilan con el 100% de sus salarios es por un periodo de diez años, tomando en cuenta que a esas alturas se ha cumplido la edad para ingresar al sistema de jubilación de la Caja de Seguro Social.

Si analizamos el hecho de que un oficial de la Policía ingresa a las filas de la institución a los 22 años con el rango de subteniente, luego de cuatro años de estudio, al finalizar la carrera policial de 30 años se retira con la edad de 52 años.

Esto quiere decir que este oficial, luego de los diez años que establece la Ley 93, debe estar en la edad para ingresar al sistema de pensiones de la CSS.

La interrogante que se hace es que luego de concluir estos diez años, en el caso de los oficiales que ocupan cargos de jerarquía y abandonan el puesto, antes de culminar la carrera, podrían recibir esta prerrogativa durante un periodo más largo al que establece la Ley 93.

Pese a que cada día son más las voces que exigen al presidente que derogue el Decreto 302, funcionarios como el ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez, dijo que respeta la decisión del mandatario, por considerar que se trata de un trabajo desgastante y peligroso.

Comentó que antes de criticar la decisión del presidente Varela "hay que analizar la complejidad del trabajo de los que están al frente de la seguridad del país", destacó el ministro Vásquez.

Interpondrán demanda de inconstitucionalidad contra este decreto

Mientras que en entrevista a RPC Radio el secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Alfredo Berrocal, dijo que el mandatario debe derogar este decreto porque estaría sacrificando aún más a los contribuyentes que son los que tendrán que pagar por estos costosos salarios.

Por esta razón, Berrocal indicó que en los próximos días presentarán una demanda de inconstitucionalidad en contra de este decreto, al argumentar que promueve fueros y privilegios.

Quien también comparte el argumento de declarar inconstitucional el decreto del presidente Varela es el catedrático universitario Miguel Antonio Bernal.

Bernal asegura que esta decisión del presidente Varela pareciera que fuese una forma de mantener una casta de privilegiados para blindarse y mantenerse en el poder.

Berrocal sostiene el mismo análisis al señalar que con estas jubilaciones especiales, el mandatario garantiza el apoyo de estos funcionarios, ante las políticas de sus medidas impopulares.
Sin justificación

La diputada del opositor Cambio Democrático (CD), Marylín Vallarino, considera que este decreto crea "excesivo fuero y privilegios" en un país donde la mayoría de la población se jubila con sueldos "paupérrimos".

"Hay gente que tiene muchos años de trabajar en el Estado y los salarios no llegan a 500 dólares mensuales", dijo la diputada Vallarino, al señalar que estas personas al final recibirán jubilaciones inferiores al sueldo que ostentan.

Por su parte, el analista político José Blandón también consideró que esta medida "en el fondo expresa una línea política".

En análisis para NEXtv, Blandón advirtió que si se concretan estas jubilaciones amañadas para militares, "otros sectores dirán: ¿por qué a ellos y a nosotros no?".

Roux: Presidente Varela envía un mal mensaje con el decreto 302

Se está sentando un mal precedente con el decreto ejecutivo 302, señaló Rómulo Roux, dirigente del partido Cambio Democrático.

A juicio de Roux, esta medida del presidente Varela deja una mala imagen porque pareciera que se está gobernando para un grupo reducido de personas, mientras que la mayoría de la población tiene que esperar la edad de la jubilación y no se retira con el 100% del salario.

Recomendó a Varela que en vez de otorgar jubilaciones jugosas, debería crear un diálogo nacional para buscar las fórmulas para salvar la Caja de Seguro Social.

Mientras, José Blandón, analista político, considera que darles altos salarios de retiro a los jefes de la Policía no resolverá el actual problema de inseguridad, sobre todo en momentos en los que se nota en esta institución un “relajamiento de la disciplina”.
Datos
70 mil dólares anuales es el monto anual que le costará al Estado el pago de estas pensiones.
10 es el número de oficiales que se beneficiarían con esta prerrogativa.

FUENTE: Antonio Pérez M. - http://www.panamaamerica.com.pa

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