La decisión del presidente Juan Carlos Varela de mantener abierta la cárcel de máxima seguridad de Punta Coco, ubicada en la isla de San Miguel, ya fue denunciada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Según el abogado Kevin Moncada, que asume la defensa legal de Héctor Moisés Murillo, quien fue tras- ladado al centro, ya alertaron a la CIDH sobre el "desacato" del Estado ante las advertencias que esta organización hizo en su momento, y viajará a Estados Unidos en los próximos días esperando un pronunciamiento enérgico del conjunto internacional.
Moncada se refiere a un informe divulgado el pasado 25 de febrero por la CIDH en el que solicitaron al Gobierno adoptar medidas para cesar la situación de ais- lamiento y para preservar la vida e integridad de los reos en esta cárcel.
El presidente instó en ese entonces a la CIDH a conocer el centro penitenciario.
Incluso, la anterior defensora del pueblo, Lilia Herrera, expresó que en este centro se violan los derechos humanos.
El jurista consideró que el presidente se contradice en sus palabras, pues sus acciones demuestran lo contrario a lo que pregona.
"Él se está dejando asustar por la dirección de la Policía Nacional, así como por el Ministerio de Seguridad, en este país están mandando los militares que le hablan al oído al presidente", detalló.
Moncada aseguró que como abogado se le complica la defensa de su cliente, pues el detenido no puede estar incomunicado con su abogado, porque este tiene derecho a conocer sobre el estatus de su expediente y resulta difícil tras- ladarse hacia Punta Coco.
Mientras, Corina Rueda, vocal de la Alianza Ciudadana Pro Justicia dijo entender esta situación desde el punto de vista de la seguridad, pero consideró que "existen otras formas".
Además, si bien estas personas cometieron un delito, eso no demerita su calidad humana, aseguró.
La también activista por los derechos humanos recordó que han reiterado que la existencia de la cárcel de Punta Coco despoja de los derechos humanos, no solo a los privados de libertad, sino también a sus familiares, que también tienen derecho de visitar a sus parientes.
"Es importante tomar en cuenta todas las recomendaciones que se han hecho para mejorar la calidad de vida de los privados de libertad, no solamente de los que se encuentran en Punta Coco, sino los que se encuentan en todas las cárceles del país", agregó.
Para Rueda, esta decisión después de las advertencias de la CIDH nos deja malparados internacionalmente tomando en cuenta los avances que ha hecho el país en esta materia.
Y es que los discursos sobre la defensa de los derechos humanos por parte del Gobierno Nacional quedaron atrás, luego del pronunciamiento del mandatario panameño, y, paradójicamente esta semana, el Gobierno, a través de Cancillería resaltó su compromiso con la aplicación cierta y efectiva del derecho internacional en materia de derechos humanos y derechos de los migrantes y refugiados durante una reunión con representantes de Acnur.
El presidente Varela dijo que todo el que atente contra el Estado, contra la seguridad del país tendrá como destino Punta Coco.
FUENTE: Mellibeth González - http://www.panamaamerica.com.pa
