Una serie de coincidencias en fechas, montos y transacciones bancarias hacen pensar a la Fiscalía Anticorrupción que el primer desembolso de $9 millones en crédito otorgado a la empresa HPC-Contratas-P&V, S.A. para la construcción del Centro de Convenciones de Amador, se desvió para otros fines. Esto, argumenta la parte judicial, es un presunto peculado, aunque el cliente haya pagado el crédito en su totalidad.Riccardo Francolini, presidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, está detenido y acusado por posible peculado en perjuicio del banco que gerenció del 2009 al 2014. Otros de los miembros de la junta directiva han corrido con la misma suerte en cuanto al señalamiento, pero no todos están detenidos. La Fiscalía Anticorrupción otorgó a algunos miembros de la dirección otro tipo de medidas cautelares, como país por cárcel.
Fue el 11 de diciembre de 2012 cuando la junta directiva aprobó el préstamo para la constructora HPC-Contratas-P&V, S.A., formada por varias empresas nacionales y extranjeras. El primer desembolso se hizo el 31 de diciembre de ese año, y los cheques respectivos tenían destinos muy específicos. El de mayor monto, $7 millones, era para pagar a un arquitecto; otro, de $1.1 millones, para la compra de acero, y un tercero, de $850 mi l, era para comprar equipo.
Los datos que coteja la Fiscalía Anticorrupción los proporciona uno de los supuestos beneficiarios de esos dineros, Cristóbal Salerno, el empresario que prestó dinero para reflotar la casa de valores Financial Pacific y evitar que cayera en una liquidación forzosa.
Salerno fue a la fiscalía el 19 de octubre pasado, por voluntad propia, y dijo a la fiscal que Manuel Morales, presidente del consorcio, fue a su oficina y le dio dos cheques de gerencia de la Caja de Ahorros como primer abono de los $5.2 millones que le prestó a la casa de valores.
Uno era por $850 mil, a favor de Ilkeston, y el segundo por $977,462.50, a nombre de Langton International Holding, Ltd. Ambos cheques están fechados el 31 de diciembre de 2012.
El cheque de gerencia por $7 millones que solicitó el consorcio para pagar al arquitecto, supone la fiscalía, terminó a nombre de la empresa Summer Venture, en la que es signatario Felipe Virzi, accionista de HPC-Contratas-PV, en el Banco Universal. El 2 de enero, éste banco emitió un cheque de gerencia por la misma cantidad a nombre de Financial Pacific, para tapar el ‘hueco' financiero que amenazaba a la empresa con una liquidación forzosa del regulador oficial.
Según el expediente al que tuvo acceso este diario, Francolini argumenta que no conoce las empresas Summer Venture, Langton International Holding Ltd, o Ilkeston Associates Inc., sociedades anónimas que, según la fiscalía, recibieron parte de los dineros desembolsados por la CA.
La Fiscalía considera que a pesar de que el préstamo se pagó al banco, los dineros se utilizaron para otros fines y no se siguió el procedimientos de un crédito bancario.
A pesar de que la tesis de la fiscalía se centra en el desvío de estos dineros, cuando indaga a los miembros de la directiva se enfoca en el procedimiento utilizado para los debidos trámites del préstamo y encara muy tímidamente a los supuestos responsables acerca de los cheques que recibió Cristóbal Salerno por cantidades similares o iguales al primer desembolso que realizó el banco el último día del año para comprar acero o equipo para la construcción de la obra.
PRÉSTAMO EN ORDEN
Francolini explicó a la fiscal que las funciones de la junta directiva se limitan a aprobar o rechazar una solicitud de crédito y cumplir con los procedimientos para su aprobación. Una decisión colegiada, enfatizó el empresario a la fiscal Tania Sterling.
El Ministerio Público indaga los procedimientos efectuados para aprobar el préstamo relacionado a la construcción, a lo que Francolini respondió que no hay un procedimiento en particular, sino que se analiza en forma colegiada con la junta directiva. ‘Fue una administración muy profesional la que hubo en la Caja de Ahorros', dijo el entonces gerente a la fiscal el pasado 17 de octubre.
Hay diversas disposiciones para aprobar un crédito. Francolini explicó que se procura el menor riesgo para la institución y se correlaciona la rentabilidad que se le genera al banco. El procedimiento para la aprobación de un crédito debe presentarse con una fuente de repago identificada con sus garantías. Así se aprueba o se rechaza el crédito, insistió el indagado.
El crédito para HPC-Contratas-P&V, S.A aprobado en diciembre de 2012 formaba parte de un préstamo sindicado con otras instituciones como HSBC, Banco Nova Scotia, como un préstamo era compartido. Para tal efecto, la empresa presentó una garantía inmobiliaria de una finca, cesión de avances de obras mediante certificados de la Contraloría, fianza personal de los accionistas de la empresa y otras garantías de crédito. Francolini recordó a la fiscal que el crédito en mención está completamente cancelado, supone que el deudor lo canceló, por lo que no ve riesgo o lesión a la Caja de Ahorros. ‘En el caso en mención, todas las condiciones fueron cumplidas en un lapso de tiempo razonable y la cancelación de prestamos demuestra que fue un crédito 100% cobrable', dijo el empresario.
Durante la indagatoria, Francolini no recordó quienes conforman el consorcio HPC-Contratas-P&V, S.A. y dijo a la fiscal que las garantías tangibles que se utilizaron para el préstamo eran superiores, ya que la finca más los certificados de no objeción cubrían ambas facilidades.
La finca que se utilizó para este compromiso de garantía por parte del contratista está ubicada en Chepo, al oeste de la ciudad, registrada a nombre de la sociedad anónima Majestic Seven, S.A.
PROCEDIMIENTO
Existe un manual de procedimientos internos para la aprobación de un crédito.
La fiscal indaga por qué se había aprobado el desembolso de $9 millones a la empresa sin tener inscrita la garantía a favor de la CA. Francolini respondió que no tenía conocimiento.
Una comunicación documentada en el expediente da cuenta de un mail enviado por Rodrigo Arosemena a Voldy Wedemeyer, gerente de crédito corporativo del banco, en el que da luz verde al desembolso.
La finca a nombre de Majestic Seven, ubicada en Chepo, fue inscrita en el registro público diez días después de aprobado el desembolso.
El departamento de administración de crédito en el banco, indicó Francolini, es el responsable de verificar las fianzas. El desarrollador del nuevo Amador mostraba solvencia, eran aptos para culminar el proyecto, dijo Francolini a la fiscal.
De acuerdo a la documentación, la empresa sí tenía experiencia en construcción y el préstamo, agrega el exgerente del banco, cumplió con los lineamientos del manual de crédito corporativo de la entidad. El análisis para su aprobación, dijo, ‘se realizó partiendo de que se trataba de un cliente que se había ganado una licitación del Estado'. La auditoría le dio una calificación general de ‘satisfactoria', por lo que los auditores avalaron el buen manejo, indicó.
El empresario, conocido por su cercanía con el entonces presidente de la República Ricardo Martinelli, aclaró a la fiscal que recibió un cheque de la empresa Summer Venture por $500 mil que era para pagar la compra de un local en el centro comercial Los Andes, del cual Francolini es accionista y secretario de la junta directiva.
El exgerente no reconoció el documento de fianza solidaria entre Felipe Virzi, accionista de una de las empresas del consorcio encargado de la construcción del Centro de Convenciones en Amador, y la entidad bancaria.
LEVANTAN EMBARGO
El 16 de junio de 2016, la Caja de Ahorros envió una nota al Registro Público en la que le ordenaba levantar el embargo decretado en marzo de 2015 sobre la finca Majestic Seven. En los archivos de la entidad crediticia debe plasmarse cómo o quien pagó la deuda en mención.
Los gravámenes sobre esta finca fueron cancelados el 16 de junio pasado. Así se lee en la escritura que detalla la comparecencia de la ejecutiva de la Caja de Ahorros Karla Villalaz ante la notaría tercera. La finca estaba valorada en $22,476,685, según consta en el embargo que realizó el banco sobre la propiedad el 15 de marzo de 2015.
La Caja de Ahorros levantó el secuestro el 7 de julio de 2016, y el registro público liberó el gravamen que pesaba sobre el bien.
La Caja de Ahorros efectuó un cobro coactivo sobre la propiedad, en marzo de 2015, por la morosidad que tenía con el banco, la finca actuaba como garante hipotecario del préstamo realizado al consorcio. El juez ejecutor, puso de inmediato en venta pública subasta la propiedad al tiempo que notificó a las partes sobre la decisión.
El 28 de diciembre de 2012, el subgerente de la Caja de Ahorros, Rodrigo Arosemena; Jairzon Hurtado, por parte del consorcio HPC-Contratas-P&V, S.A y Ailedsabel González, en representación de Majestic Seven, concretaron la línea de crédito por $20 millones.
EL TRÁMITE
La primera línea de crédito
El último día del año 2012, Rodrigo Arosemena subgerente de la Caja de Ahorros, dio luz verde a un desembolso de $9 millones, como parte de un préstamo de financiamiento para la construcción del Centro de Convenciones situado en Amador. La empresa encargada del fallido proyecto era HPC-Contratas-P&V, que, a través de uno de sus gerentes, Manuel Morales, presidente de la empresa, solicitó la línea de crédito a varios bancos del país por la suma de $193 millones.
Voldy Wedemeyer, gerente de crédito corporativo de la Caja de Ahorros, envió un mail a Arosemena pasados unos minutos del medio día del 12 de diciembre, en el que elevó la solicitud del cliente, quien requería el dinero para ese mismo día. Arosemena, le respondió unos minutos antes de la una de la tarde, con su aprobación.
El primer cheque de gerencia que se confeccionó como parte de la línea de crédito, de $7 millones, estaba destinado a pagar a un arquitecto.
Así lo indica una comunicación enviada por el presidente de la empresa HPC-Contratas-P&V, Manuel Morales, a Wedemeyer.
Previamente, Wedemeyer, había inquirido a Morales el propósito del uso de estos dineros.
El segundo cheque, por un monto de $1.1 millones, se utilizaría para la compra de acero. Y con el tercer cheque, ésta vez por $850 mil, Morales indicó que se adquiriría a equipo.
La solicitud tenía como condición que debía acompañarse de una serie de requisitos exigidos por el banco: escritura pública donde constara el contrato de préstamo del cliente, firmada por el deudor y el garante hipotecario, pendiente de firma del subgerente, para inscribirla en el Registro Público; una revisión de la Caja de Ahorro del plan de trabajo que había presentado la empresa, pero que se presentó en forma muy general, por lo que la entidad crediticia solicitaba más detalle -al consorcio- del costo de los puntos que presentó al banco por la totalidad del monto del contrato, de $193 millones.
Otra condición precedente indicaba que el contratista debía presentar al banco todos los permisos de construcción para ser verificados por la Caja de Ahorros. La empresa había entregado al banco el permiso que emitió la Autoridad de Turismo, sin embargo, para el banco, era importante contar con el permiso del departamento de Ingeniería Municipal de la Alcaldía.
El dinero, argumenta la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Tania Sterling, no se empleó para lo que fue solicitado.
Ese mismo día, el banco realizó los desembolsos mencionados. Estos dineros, según la Fiscalía Anticorrupción, pararon en otro destino ajeno al del proyecto, por lo que investiga a los miembros de la junta directiva por el supuesto delito de peculado.
FUENTE: Adelita Coriat - http://laestrella.com.pa
