El millonario contrato a la empresa ‘5.11 Panamá S.A.' fue adjudicado sin que este pasara por una licitación pública y sin considerar que la ‘empresa no cuenta con presencia en el país, carece de licencia comercial y de Registro Único de Contribuyente (RUC)', manifestó una fuente relacionada al tema de compras del gobierno.
El contrato de vestuario e implementos para las unidades de la Policía Nacional, así como a los Linces, unidades motorizadas del tránsito, los grupos ciclistas y grupos de fuerzas especial, se hizo de forma directa, un método utilizado por la pasada administración gubernamental y que fuera sumamente criticado por el actual presidente Juan Carlos Varela mientras se candidatizaba a la Presidencia.
‘Los hilos que oculta este contrato parecen estar detrás de la empresa Asian Latin, donde tiene intereses alguien que lo acompañó durante la campaña presidencial y que actualmente tiene un alto cargo en el Ministerio de Seguridad como asesor. La empresa Asian Latin comenzó a vender los productos ‘5.11' de los Estados Unidos, de ahí que viene el contrato', afirmó la fuente relacionada con el tema que solicitó reserva.
No es la primera vez que el Gobierno hace negocios con esta empresa. ‘Para la VII Cumbre de las Américas celebrada en Panamá en abril 2015, le hicieron una compra grande, de aproximadamente $100 mil, también para uniformes. Además, hubo otra compra de $8 millones en chalecos antibalas más recientemente', añadió.
El contrato lo firma Alexis Bethancourt, ministro de Seguridad, y por la contraparte lo rubrica Ana Lorena Morales, de la firma Fábrega, Molino & Mulino, en representación de Jhon Fairbank Wicks, designado de ‘5.11 Panamá'. El mismo se refrendó el 10 de octubre pasado.
Ni el Ministerio de Seguridad ni la Policía Nacional o la firma de abogados han querido ofrecer una entrevista a este medio.
DETALLES DEL CONTRATO
La referencia mercantil que presenta la empresa en el contrato es la ficha 155628291, que representa a la firma de abogados, al igual que la dirección que establece como propia: Avenida Samuel Lewis Edificio Omega Piso 6.
El Estado convino dividir el pago en dos fases: una este año, por $5,065,475; y otra, por igual suma, que cancelará en 2017. Los montos ya cuentan con partidas presupuestarias asignadas.
El texto establece que a la empresa se le pagará un adelanto de $2 millones (20% del contrato) apenas se apruebe el refrendo de Contraloría, sin que la empresa haya entregado parte de la mercancía.
La entrega de todos los uniformes deberá efectuarse dentro de los dos primeros años a partir del refrendo del contrato. Los pedidos serán parciales durante los años de vigencia del contrato, dependiendo de la decisión del gobierno y cada uno se pagará de forma independiente al adelanto de $2 millones que recibirá la empresa por adelantado.
5.11 Panamá ofreció un año de garantía por defectos de fabricación de los uniformes a partir de la entrega del producto.
La empresa 5.11 Panamá es de origen norteamericano. Durante la IX Cumbre de Ameripol, celebrada en Panamá, el 22 y 23 de septiembre pasado, exhibió sus productos al público.
Lo que llama la atención es la cantidad de uniformes que pretende adquirir la Policía.
Se solicitaron, por ejemplo, 77 mil camisas ventiladas tácticas de color azul, cada una a un precio de $33.99, cuando el cuerpo uniformado está compuesto por 18 mil hombres, y, de ellos, aproximadamente el 29% es personal administrativo. Con esta cantidad, cada uniformado debería tener mínimo cuatro uniformes.
El contrato también establece la compra de 78,600 pantalones tácticos, composición 65% poliéster; el resto es de algodón, cintura de túnel autoajustable, dos bolsillos en los costados. Cada uno con un valor de $33.99 ( ver tabla ).
La suma total de la compra es de $10,130, 951.
Recién nombrado en el cargo, el director de la Policía Omar Pinzón reemplazó el uniforme de fatiga de las unidades por otro de color azul. Al momento del anuncio, en 2014, Pinzón dijo que contaba con 20 mil de ellos.
Este diario conoció que la empresa en cuestión tampoco aparece en Panamá Compra.
El artículo mediante el cual se sustentó la compra del equipo, 62 de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, también conocida como Ley de Contrataciones Públicas, fue demandado por inconstitucional por el abogado Ernesto Cedeño y la Corte Suprema falló a su favor.
El fallo aún no ha sido ejecutoriado hasta que los magistrados terminen de recoger las firmas, por lo tanto, ‘ellos pueden seguir haciendo esos contratos desde el punto de vista jurídico', manifiesta el abogado.
El artículo establece la excepción de procedimiento de selección de contratista y en el parágrafo 1, texto demandado por el jurista, establece que ‘cuando la contratación directa la realice el Ministerio de Seguridad Pública, le corresponderá al Ministerio de la Presidencia la aprobación o autorización de la misma, cuando el monto sea inferior a $3 millones. Cuando las contrataciones sobrepasen la suma de $3 millones, le corresponderá la autorización al Consejo de Gabinete', se lee en el párrafo.
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FUENTE: Adelita Coriat -http://laestrella.com.pa
