La actual administración gubernamental ha demostrado que todo aquel allegado al oficialismo que se ve involucrado en algún acto de corrupción se le trata con guantes de seda, según el diario Panamá América.Mientras que a los exfuncionarios, que de algún modo parecieran tener vínculos al exmandatario Ricardo Martinelli, se les encarcela.
Esa ha sido la tónica aplicada por el Ministerio Público (MP) desde que Kenia Porcell asumió el cargo como procuradora general de la nación.
Y de parte del Órgano Judicial también se procede en igual forma.
Ayer, el abogado Silvio Guerra, apoderado legal de Riccardo Francolini, tuvo que exigir que se admitiera un recurso a favor de su defendido por insistencia ante la jueza decimotercera de lo penal, Alina Hubiedo, quien tiene el expediente de su caso.
Esto es señal, a consideración del jurista, de que existe predisposición en contra de Francolini.
El pedido de fianza excarcelaria en beneficio de Francolini no se la admitió la jueza, inicialmente, porque el secretario del tribunal la excusó afirmando que "estaba resolviendo una recusación...y que estaría ocupada en ese asunto".
Esta situación no la exime de cumplir con lo que dispone el artículo 2157 del Código Judicial, de que se le imprima a la solicitud el trámite expedito, rápido y con premura.
Selectividad
Hace algunos días, el presidente Juan Carlos Varela, en medio de un acto populista, expresó que no se trata de persecución ni venganza política, sino de justicia real para el pueblo que le eligió.
Pero si se revisa caso por caso, las conclusiones contrastan con el concepto de justicia que maneja esta administración.
Y el escándalo Odebrecht es un claro ejemplo.
El Ministerio Público formuló cargos a 17 personas que presuntamente recibieron coimas de parte de Odebrecht.
No obstante, cuando se hicieron las indagatorias, solo se conocieron los nombres de familiares del expresidente Martinelli y empresarios ligados a este.
Varias personas acudieron a la Fiscalía Especial Anticorrupción, entre ellos Mario Martinelli, hermano de Ricardo Martinelli.
A la fecha, no se ha dicho nada sobre los ocho restantes, de los que tampoco se conoce su identidad, a pesar de que se han filtrado algunos nombres en medios pro oficialistas.
No obstante, a pesar de estar en el expediente no se ha dicho nada sobre Margarita de Niño, cuñada del diputado José Luis "Popi" Varela, que supuestamente es dignataria de Active Capital Holdings, empresa de la que se sospecha que Odebrecht pudo haber depositado 50 millones de dólares para sobornos.
Luego de las publicaciones realizadas por este diario sobre Margarita de Niño, la empresa envió un comunicado desligándola de Active Capital Holdings.
El Gobierno, a través del diputado panameñista Jorge Iván Arrocha, lanzó amenazas contra Editora Panamá América (Epasa) por realizar dicha investigación.
Pero, el Ministerio Público, encargado de hacer las averiguaciones, guarda silencio.
Papeles de Panamá
Otra prueba de que ser amigo del presidente sí paga es el caso de los Panamá Papers.
El clamor popular para que se investigue a Ramón Fonseca Mora no ha dejado de expresarse desde que estalló el escándalo en abril de 2016.
Luego de casi un año de conocerse el escándalo, el Ministerio Público decidió suspender de forma provisional las investigaciones, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe resolver un amparo de garantías sobre este caso.
Es ya conocido que a través de Mossack Fonseca & Co., la firma de abogados fundada por Fonseca Mora, se crearon miles de sociedades offshore que luego fueron usadas para la evasión de impuestos y el fraude fiscal.
Los papeles de Panamá han dejado una imagen negativa del país, lo que el Gobierno trata de minimizar.
FUENTE: José Alberto Chacón - http://panamaamerica.com.pa
