Los fiscales anticorrupción del Ministerio Público se quejaron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, por la conducta de la jueza decimoquinta penal encargada, Dalys Sánchez, al dictar el 31 de agosto pasado el fallo que archivó la causa seguida al extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Frank De Lima, por la compra de granos a través del PAN.En carta dirigida el 6 de este mes a De León, los fiscales advierten de que Sánchez debió declararse impedida para resolver un incidente de nulidad en el caso de De Lima, porque a ella la Fiscalía Anticorrupción de Descarga le sigue un proceso desde 2012 –entonces era funcionaria de la Fiscalía Auxiliar– por delitos contra la administración pública en perjuicio del Ministerio Público, en el cual está confesa.
Los fiscales informaron a De León que el 29 de mayo pasado se celebró la audiencia preliminar a Sánchez y que se espera la decisión del Juzgado Tercero Municipal.
“Nos llama la atención [...] bajo qué concepto la juez encargada pudo examinar el conocimiento de esta decisión, aun cuando la misma mantiene interés en conflicto con la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, por ser la agencia que instruyó la causa en su contra”, dice la carta.
Los fiscales resaltan que Sánchez no valoró el artículo 760, numeral 11 del Código Judicial, inherente a las causales de impedimento, en las que ella incurre, según su criterio.
Fiscales: jueza debió declararse impedida en caso de granos
Las quejas por los últimos fallos emitidos por jueces del Órgano Judicial llegaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado Hernán De León.
Los seis fiscales especiales anticorrupción del Ministerio Público (MP) remitieron el 6 de septiembre pasado una carta a De León, en la que se quejan de la actuación asumida por la jueza decimoquinta penal encargada, Dalys Sánchez Rojas, quien en un fallo del 31 de agosto pasado archivó la causa seguida al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima por el caso de granos.
En ese mismo fallo, Sánchez Rojas anuló la indagatoria que emitió la entonces Fiscalía Primera Anticorrupción- ahora Fiscalía Anticorrupción de Descarga- contra el exministro el 8 de mayo de 2015, y le levantó la medida cautelar que pesaba contra él en el caso de granos, que era de impedimento de salida del país.
La decisión de la jueza encargada surgió tras resolver un incidente de nulidad promovido por Franklin Amaya, en representación legal del exministro De Lima.
La carta lleva la firma de los fiscales Tania Sterling, Zuleyka Moore, Aurelio Vásquez, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Leyda Sánchez de Pitty.
Impedimento
Según los fiscales, la jueza encargada Sánchez Rojas debió declararse impedida de resolver el incidente de nulidad, “toda vez que es un hecho conocido que a la prenombrada se le siguió una investigación, de la cual está confesa, por el delito contra la administración pública y quien ejerce la acción penal es precisamente la Fiscalía Anticorrupción de Descarga”.
De acuerdo con los fiscales, la jueza encargada no cumplió con el Artículo 760, numeral 11 del Código Judicial, que dice: “Ningún magistrado o juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento: tener alguna de las partes proceso, denuncia o querella pendiente o haberlo tenido dentro de los dos años anteriores contra el juez o magistrados, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos; (...)” .
Tras el fallo de la jueza Sánchez Rojas, la fiscalía apeló.
Proceso contra la jueza
El proceso contra Sánchez Rojas se instruyó de oficio en septiembre de 2012 por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción -hoy de descarga- por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio del MP.
Los fiscales precisan en la carta al presidente de la CSJ que en la causa identificada con la entrada 380-12, se celebró audiencia preliminar el 29 de mayo pasado y se está a la espera de la calificación por el Juzgado Tercero Municipal.
Historial de sanciones
La jueza encargada fue funcionaria de la entonces Fiscalía Auxiliar del MP entre abril de 1999 hasta el 24 de agosto de 2012. En esa fiscalía ocupó diversos cargos.
El 9 de diciembre de 2005 se le levantó un proceso disciplinario por supuestas irregularidades en el trámite de tres expedientes en los cuales habría incurrido en una morosidad de cuatro meses. El entonces fiscal superior Luis Martínez Sánchez la sancionó con la suspensión del cargo y la privación del salario durante 15 días.
El 7 de noviembre de 2001, Sánchez Rojas fue sancionada por negligencia en sus funciones por no tomar en consideración un análisis que le solicitó que hiciera en un sumario el entonces fiscal Víctor Barrios.
De Lima y el caso granos
E l exjefe del extinto PAN Rafael Guardia Jaén, en su declaración indagatoria que rindió en 2015 por este caso, implicó al exministro De Lima.
Guardia Jáen explicó que debido a que el presupuesto del PAN no tenía fondos suficientes, el entonces presidente Ricardo Martinelli daba instrucciones al MEF para que transfiriera los fondos para las compras de granos de arroz, lentejas y otros destinados para escuelas oficiales.
Las transacciones para la compra tenían que pasar por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, pues todo traslado de partida superior a $300 mil debe tener el visto bueno del Legislativo. Sin embargo, para obviar este trámite se desglosaban las compras en montos de $299 mil hasta llegar a $4 millones, explicó.
Por esta práctica del MEF, la fiscalía imputó a De Lima.
El negocio
Según consta en el expediente, los contratos para la compra de granos fueron otorgados entre 2012 y 2014 supuestamente con sobreprecios.
En el caso del arroz, cada quintal fue adquirido por $80, cuando el precio era de $49 el quintal.
Otro tanto sucedió con las lentejas, que se compraron a $100 el quintal, cuando el precio local era $55. Lo mismo ocurrió con los frijoles chiricanos, que se compraron por $110, pese a que su valor era de $76 el quintal.
Guardia Jaén fue quien reveló a la fiscalía que el modus operandi de la red que estaba detrás de la venta de granos al PAN consistía en lo siguiente: un mismo proveedor armaba un paquete de tres empresas con sus respectivas ofertas. Una de estas compañías reunía todas las condiciones para adjudicarse el contrato; en este caso, para la venta de quintales de lentejas, porotos y frijoles.
El proceso se mantiene paralizado en el Órgano Judicial.
FUENTE: Agencias
