
Tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre información relacionada con el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa a la Policía Local.
La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración.
Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y el Ministerio Fiscal. Según han informado los funcionarios policiales, Europa Press no está siendo investigada.
Europa Press reitera su compromiso con la libertad periodística y con la protección de las fuentes y lamenta este ataque al derecho a la información, derecho fundamental recogido en la Constitución.
No obstante, los registros no se han limitado a la oficina de la conocida agencia de noticias. La Policía también se ha personado en la redacción de 'Diario de Mallorca' pasadas las 16:30 de este martes para requisar el ordenador de trabajo y documentos del periodista que cubre el caso Cursach. Tal y como explica el propio periódico en su web, los miembros de la redacción se han negado a entregar ningún material. Horas antes, las autoridades han requisado el móvil del periodista mientras estaba trabajando en los juzgados.
En el Procedimiento Abreviado 1002/2018 se ha abierto una pieza secreta por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos en la que no se está investigando a ningún periodista.
El fiscal delegado de Anticorrupción en Mallorca ha informado favorablemente la diligencia solicitada por la Policía para acceder a los dispositivos de almacenamiento de informacion en poder de los periodistas a fin de obtener las necesarias evidencias de la comisión de un delito, con base en lo dispuesto en los art. 573 y 575 LECr, ejecutándose la diligencia conforme dispone el art. 588 sexies LECr.
El periodista de Diario de Mallorca, Kiko Mestre @Piomoa43, explica la intervención de su teléfono móvil por la @Policia en relación al Caso Cursach #LibertaddePrensa pic.twitter.com/r8HyN148vo— Diario de Mallorca (@diariomallorca) December 11, 2018
Tras conocerse lo sucedido, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha mostrado su rechazo "tajante" y ha señalado que "considera que esta incautación vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero". Además, ha recordado que "en los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información".
"La FAPE recuerda que el secreto profesional es un derecho de los periodistas y tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes; de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información", añade.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) también ha mostrado su "apoyo absoluto" a ambos medios y a los periodistas afectados y ha manifestado su rechazo ante "cualquier tipo de presión y amenaza contra periodistas o medios en el ejercicio de su función de ofrecer información veraz y relevante a la ciudadanía".
FUENTE: Con información de EP - https://www.elconfidencial.com