Oficialmente, la estrategia del Govern pasaba por conseguir una “ruptura pactada con el Estado” para que la porción de la caja de la Seguridad Social que teóricamente pertenecía a los trabajadores, desempleados y pensionistas de Cataluña quedara de forma ordenada bajo el control de la Generalitat. A partir de ese momento, las empresas catalanas tendrían que abonar las cotizaciones de sus empleados a la seguridad social de la nueva república y esta se encargaría de gestionar luego el pago de las prestaciones por desempleo, los subsidios por incapacidad y las pensiones por jubilación que correspondieran a cada beneficiario.
Sin embargo, los investigadores han averiguado que Puigdemont centró todos sus esfuerzos en preparar un escenario mucho menos amistoso y que había permanecido oculto hasta ahora. Ese plan B partía de la hipótesis de una “desconexión forzosa” con el Estado y consideraba prioritaria la creación de una seguridad social catalana preparada para recaudar cotizaciones al margen de la Administración central para que, al día siguiente de la independencia, el nuevo país pudiera cobrar y pagar las prestaciones de sus ciudadanos. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - BEATRIZ PARERA - PABLO GABILONDO - El Confidencial