En Cataluña arde fuego independentista y nacionalista, mientras Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, anda en campaña, por tercera vez en un año.
En Hong Kong las protestas no cesan. Siguen los ciudadanos reclamando libertades.
En el Líbano, reclaman dimisión de la clase política acusada de corrupción. Un impuesto a llamadas por WhatsApp enciende las protestas. O sea, meterle la mano en el bolsillo al ciudadano.
Pero, nos concentraremos en dos casos de nuestra región:
El Gobierno ecuatoriano, eliminó el subsidio a los combustibles; subvención con más de 20 años de existencia.
El Estado requiere más dinero, y, la manera fácil de conseguirlo fue echar mano de la plata del subsidio, además de aumentar el IVA y otras medidas que tendrían un impacto directo en el transporte, por ende, en los alimentos. En fin, directo al bolsillo de la gente.
El solo anuncio de las medidas provocó protestas violentas, además de paralizar el país por 10 días¸ destruyendo parte del mobiliario urbano de Quito; incendiaron edificios gubernamentales; adicionalmente, cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos y, más de $1500 millones en pérdidas para la economía ecuatoriana.
Diez días de protesta y el presidente Moreno parecía no entender lo que sucedía; y, lo más grave, no escuchaba lo que las protestas le gritaban alto y claro.
Por otro lado, en Chile, el Gobierno anunció un aumento en las tarifas del metro de Santiago y, eso desató la ira de la gente con las protestas más violentas de las que se tengan registro en la historia democrática del país.
El presidente Piñera, recientemente, ante las protestas en el Ecuador y la convulsión política en el Perú, había dicho que Chile “era un oasis”. Mal se imaginaba el presidente chileno que días después, su país fuera el más convulsionado.
Nuevamente una decisión ejecutiva que pretendía obtener mayores recursos del bolsillo de la gente, desata el pandemonio en el país.
Chile venía siendo un modelo referente para otros países, al lograr un crecimiento económico constante, reducir la pobreza a un solo dígito, siendo pionero en industrias en la región; pero, son cifras macroeconómicas que, si bien son ciertas, aguas abajo, no llegan a la salud económica del grueso de la población.
El panorama no es halagador. La ola privatizadora ha llevado a que la gente tenga pensiones indignas, salud precaria, sueldos miserables, educación de mala calidad, licencias médicas por depresión, deudas universitarias eternas —prestamos estudiantiles—, delincuencia sin control, empleos precarios, mal pagados, escándalos de corrupción en Carabineros, el Ejército y, en contra posición, el crecimiento de los salarios de la élite política.
La alianza cada vez más sólida —en ocasiones descarada—, entre el liderazgo político y el empresarial, provocando fenómenos como, por ejemplo, que en Santiago el precio de la vivienda haya aumentado hasta un 150 % en los últimos diez años, mientras los sueldos apenas un 25 %; o que el 70 % de la población gane menos de 770 dólares mensual y 11 de los 18 millones de chilenos tienen deudas que los agobian y les aumentan, siendo proporcionalmente inverso a las ganancias del sector financiero.
De vuelta, se repite el fenómeno de siempre, los gobernantes toman decisiones a espaldas del ciudadano y sin escucharlo, reitero, sin escuchar, sin estar en conexión con la vida cotidiana del trabajador, y, de las masas más vulnerables de la sociedad.
Ahora bien, nada, absolutamente nada justifica la violencia —de los ciudadanos ni del Estado—, pues la violencia trae más violencia. Como dice mi amigo Nelson Espinal Báez: “Lo negativo en sí mismo es la violencia. No solo la violencia visible, la que sale en las noticias. Sino la violencia invisible. La estructural y la cultural”.
Cuando al ciudadano le exprimen cada día más con impuestos, aumentos en los servicios y, sus ingresos crecen en menor proporción, pero, se hacen reformas para disminuir los impuestos al empresariado, eso, pudiera llamarse violencia estructural y cultural.
Así que, no nos quedemos con el simplismo de izquierda o derecha. Los líderes de verdaderas democracias deben escuchar antes de tomar decisiones, sobre todo, si son decisiones que afecten el bolsillo de los ciudadanos. Deben propender por acciones que apunten a cumplir las promesas electorales, además de reducir la inequidad, la desigualdad, garantizando la justicia social.
FUENTE: Orlando Goncalves - Artículo de Opinión - La Estrella de Panamá