La Real Academia Española comenzó ayer a debatir el informe sobre el lenguaje inclusivo. Un documento que surge de la petición expresa de la vicepresidenta de Gobierno Carmen Calvo, quien, en una declaración, que coincidía con el cuarenta aniversario de la Carta Magna, vino a sugerir que la Constitución estaba redactada en masculino.
Algunas voces vinieron a matizar ese comentario y a insinuar que, realmente, en lo que está escrita es en español. Este tema, más polémico que difícil, dio pie a un estudio de entre veinte y veinticinco folios que ha empezado a estudiarse en el pleno de la RAE, donde, junto al presupuesto del próximo año, se discutirá y, finalmente, se aprobarán o no enmiendas oportunas. Todo indica que seguirá la estela del que ya realizó, junto a otros especialistas, Ignacio Bosque en 2012. En él se aseguraba que el masculino engloba los dos géneros y que no es necesario, por tanto, modificar el texto de la Constitución aplicando lo que se ha venido a denominar el lenguaje inclusivo.
En esas páginas, todavía por sopesar y pensar, parece que viene a insinuarse que la Academia no es una institución que deba impulsar cambios lingüísticos como tampoco frenarlos o dirigirlos, sino constatar los usos reales del idioma por parte de los hablantes, que son los verdaderos dueños de un idioma y que tienen todo el derecho a expresarse como desean sin ningún tipo de imposición. Defiende, desde el punto de vista rigurosamente científico, que el masculino, al igual que sucede en otras muchas lenguas, es el que se emplea en la comunicación para referirse a los hombres y mujeres, y, como algunos miembros de la Academia han defendido en diversas ocasiones, eso no significa desigualdad ni tampoco discriminación de ninguna clase.
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