Este es el informe que enfrenta de nuevo al gobierno colombiano con la ONU. Se trata de la situación de los defensores de derechos que presentará el relator Michel Forst en Ginebra este miércoles 4 de marzo. Gobierno impidió su último viaje a Colombia durante el año pasado para terminarlo, denunció el relator.Dos visiones radicalmente distintas sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia serán expuestas este miércoles 4 de marzo, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza). Se trata del informe que preparó el relator especial de la ONU para este asunto, Michel Forst, luego de su visita al país a finales de 2018, y la respuesta que el Gobierno Nacional hizo a ese documento. Para el primero, la situación en varias regiones es crítica; para el segundo, ha habido importantes avances e incluso reducción en homicidios de defensores y líderes sociales.
Si bien la visita de Forst a Colombia se dio ya hace más de un año – entre noviembre y diciembre de 2018 – viene a presentarse hasta ahora pues así lo estipula la agenda propia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, en aras de presentar un documento más actualizado, el relator especial señaló en medios de comunicación que intentó venir al país en 2019 para ver el avance en las recomendaciones que había hecho en su visita, pero que no fue posible por limitaciones del Gobierno Nacional. Lamentó que la visita no se haya dado pese a que el presidente Iván Duque se había comprometido con ello. Según dejó ver el relator, en el Gobierno no cayó nada bien su informe y ello podría haber repercutido en que no se permitió complementarlo.
Este nuevo desencuentro entre el Gobierno y la ONU se suma al de la semana pasada, cuando se conoció el informe sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el presidente incluso calificó de intromisión en la soberanía del país.
Las cifras de los asesinatos a líderes sociales
El primer punto en el que difieren ambos documentos es en las cifras de homicidios a líderes sociales, desde 2016 hasta 2019. El informe del relator Forst incluye tres fuentes distintas – Defensoría del Pueblo, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y el programa Somos Defensores – que a pesar de sus diferencias coinciden en el aumento de este fenómeno desde el año 2016. Sin embargo, la medición va solo hasta el primer semestre de 2019. De acuerdo con esos datos, la cifra más baja de líderes asesinados entre 2016 y el 30 de junio de 2019 refiere 324 casos.
Igualmente, dice el documento, “la Defensoría del Pueblo confirmó que, entre marzo de 2018 y mayo de 2019, las amenazas han sido más del doble que en 2018 (han aumentado un 113 %) y afectan fundamentalmente a líderes comunitarios, comunales, indígenas y representantes de víctimas”.
Con base en esos datos, el informe afirma que Colombia es el país con mayor índice de asesinatos de defensores de derechos humanos en América Latina.
Frente a esta última afirmación, el Gobierno criticó que no se aporte una fuente confiable que la soporte y pidió que fuera retirada del documento a no ser que se explique la metodología utilizada y los datos que permitan realizar la comparación entre Colombia y los países de la región.
En contraste a lo expuesto por el relator, el Gobierno sostuvo que, desde el inicio de esta administración, “los homicidios contra líderes y defensores de Derechos Humanos se han reducido en un 24% contrastando el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2018 y el 6 de agosto de 2019, con el lapso transcurrido entre el 7 de agosto de 2017 y el 6 de agosto de 2018.”
Contando con cifras a noviembre de 2019 (las del relator van hasta junio de ese mismo año), el Gobierno afirma que “del total de los casos de homicidios contra defensores de Derechos humanos ocurridos entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de 2019, periodo en el que se registraron 64, se evidencia una disminución del 39% con relación al periodo comprendido entre el 1 de enero al 18 de noviembre de 2018, en el que se presentaron 105 casos”. Esos datos, dice el Gobierno en su respuesta, son tomados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sociedad civil, la Fiscalía, el Ministerio Público y la Institución Nacional de Derechos Humanos. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de El Espectador
