La audiencia de preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación en el delito de soborno de testigos y fraude procesal no va bien para él. Las pruebas que han expuesto los voceros de dos de las alegadas víctimas muestran que hay suficientes razones para llevar a juicio al exmandatario. Si es culpable o no, lo tendrá que decidir un juicio imparcial, sin embargo, los elementos que están a la vista deben ser tenidos en cuenta y en derecho se debería ir a la siguiente etapa.
El abogado Reynaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, hizo una exposición contundente que puso en orden el proceso. Siguiendo una rigurosa línea de tiempo mostró en detalle cada una de los pruebas incriminatorias que pesan contra el expresidente Uribe. Su argumentación, serena y metódica, evidenció las omisiones del fiscal/defensor Gabriel Ramón Jaimes que se saltó pruebas que no le convenían a su defendido e interpretó a su antojo las que finalmente le mostró a la jueza.
Después tomó la palabra el abogado Jorge Fernando Perdomo quien demolió la pretensión de invalidar como pruebas las grabaciones entre el expresidente Uribe y Diego Cadena. El argumento para excluir las interceptaciones consiste en sostener que son parte de una relación cliente-defensor protegida por la ley. Perdomo probó que ese privilegio está limitado al defensor del procesado en el caso -condición que jamás tuvo Cadena- y no se puede extender a cualquiera que tenga tarjeta profesional de abogado. Si fuera de otra manera, bastaría con incluir a un abogado en las comunicaciones de una organización criminal para poner a todos sus miembros por fuera del alcance de la justicia.
A la avalancha de pruebas se sumó el proceder antijurídico del fiscal Jaimes quien anunció primero que iba a precluir a favor de Uribe y después se dedicó a practicar exclusivamente las diligencias que sirvieran a su causa. La Constitución obliga a la Fiscalía a investigar integralmente, el fiscal/defensor ni siquiera interrogó al investigado para no incomodarlo.
Ante la contundente realidad que se está configurando en la audiencia, las mayores esperanzas de la defensa de Uribe parecen estar puestas en una tutela que debe resolver la Corte Constitucional. Esa acción de tutela tiene como propósito quitarle el caso a la jueza del conocimiento para que el fiscal/defensor Jaimes pueda archivarlo sin pasar por juez o tribunal.
La defensa del expresidente busca por revisión de una tutela que la Corte Constitucional revoque la calidad de imputado que un juez le asignó a Uribe cuando renunció para escapar de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia y ponerse bajo el alero de una fiscalía controlada políticamente por un aliado suyo.
El magistrado Alejandro Linares presentó ponencia pidiendo que Uribe siga siendo tratado como imputado por dos razones. La primera es de fondo: el ponente considera que el juez actuó apegado a la ley y la renuncia de Uribe le permite cambiar su investigador inicial por la Fiscalía pero no anula las actuaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
La segunda es de forma: cuando Uribe perdió esta tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, su abogado Jaime Granados inicialmente impugnó la decisión ante la Corte Suprema de Justicia y después retiró la impugnación. Ese retiro significa que no agotó la vía ordinaria y por lo tanto no puede recurrir a la acción de tutela que solo procede cuando no hay otro recurso legal.
Hay mucha prisa para que la acción de tutela se decida el próximo miércoles, para impedir la continuación de la audiencia de preclusión que debería seguir el jueves con las intervención del exfiscal Eduardo Montealegre.
Esta decisión es tan importante o más que la que tomó la Corte Constitucional, de otra época, para cerrarle el paso al referendo con el que Álvaro Uribe buscaba quedarse en la Presidencia por un tercer período. Finalmente lo que está en juego ahora es la garantía de impunidad total para el hombre más poderoso de Colombia.
Los magistrados de la Corte Constitucional están divididos. Estarían a favor de que Uribe conserve la calidad de imputado solamente el ponente Alejandro Linares y el magistrado José Fernando Reyes, reconocido penalista. Ellos dos respaldan los argumentos de fondo y de forma para negar la tutela al expresidente.
Cerca de ellos, pero aún con un margen de incertidumbre, estarían las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo.
Es decir, eventualmente cuatro votarían para que el proceso al expresidente Álvaro Uribe pueda seguir.
Otros cuatro votarían para beneficiar a Álvaro Uribe: el polémico magistrado Alberto Rojas, quien le debe al gobierno de Iván Duque y en especial a la entonces ministra de Justicia Margarita Cabello, hoy procuradora general, la extensión de su período por haber elevado consulta sobre el tema al Consejo de Estado; Antonio José Lizarazo, actual presidente de la Corte Constitucional y tradicionalmente proclive a quien tenga el poder; la magistrada Paola Meneses, quien llegó al alto tribunal superando todos sus sueños y básicamente por ser compañera de colegio del presidente Duque; y por último la magistrada Gloria Ortiz, quien fue elegida por la Corte Suprema pero se ha ido acercando a Duque y a su cada vez más poderosa jefe de gabinete María Paula Correa. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
