Esta atrocidad, como tantas otras que han sido documentadas, fue la consecuencia de la implementación asesina del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay, articulado que se mantiene incólume como uno de los estandartes para la violación “legal” de los derechos humanos en América Latina.
Recién llegado al poder Turbay, un sector militar se encargó de convencerlo de que el pavoroso régimen era necesario para prevenir lo que se tomó las calles en el paro nacional de 1977. Aquella movilización reunió a los sindicalistas, obreros y gentes de todos los orígenes de la vida, en lo que fue la primera verdadera protesta nacional en la vida republicana del país.
La revista Alternativa le dio varias portadas, como esta que tituló: “Un paro de verdad”.
Como respuesta, un establecimiento asustado promovió el Estatuto de Seguridad, que sirvió para la represión brutal y criminal de la protesta y la persecución de un enemigo interno ficticio, eufemismo para sofocar a quienes hacían reclamas sociales en voz alta.
El pasado miércoles Iván Duque sancionó la Ley de Seguridad, otra de las muchas coincidencias de su gobierno con el de Turbay. Aunque intentó venderla como una promesa de paz y convivencia ciudadana, fue a promulgarla a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, porque este es un instrumento para que la policía pueda asfixiar, con más fuerza, la manifestación social legítima en Colombia. De nuevo, la “autoridad” busca atragantar con jarabe de palo a los sectores sociales que reclaman cambios sustanciales en las vidas de las mayorías silenciadas.
Como Turbay, Duque quiere venganza contra este segundo “paro de verdad”, que tal vez superó en ímpetu al del 77 y al que solo lo detuvo una pandemia mundial. La aterradora ley amplía las facultades de la policía para apresar personas en las protestas, altera los tipos penales para que puedan ser interpretados contra manifestantes e incrementa las penas. También introduce la figura de la “legítima defensa privilegiada”, un esfuerzo antitécnico para legalizar discursivamente a los paramilitares urbanos que salieron a matar manifestantes con la excusa de defenderse. Además prohíbe el uso de capuchas, como lo hacía el Estatuto de Turbay.
La ley es inconstitucional y contraviene varios tratados internacionales, en especial la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y también es irrelevante, pues ha quedado demostrado que cuando la policía se ha excedido en el uso de la fuerza, poco o ningún reparo tiene en las normas que prohíben esas actuaciones. La ley, garantista o no, no es un inconveniente.
Ante todo, el Gobierno pretende mandar un mensaje, como lo hizo Turbay, al arreciar su campaña para solucionar e intimidar con bolillo el descontento social. Esta violencia discursiva es más un símbolo, pues la represión era ilegal antes y esta ley inconstitucional no la legalizará. ->>Vea más...
