La resolución del Ministerio de Educación, que ordena medidas preventivas
ante las irregularidades en la Sergio Arboleda, señala que ese centro
educativo debe identificar a quien “autorizó la contratación de personas con
reconocimiento político sin cumplir con el protocolo de selección adecuado
como personal docente”.
De acuerdo con la denuncia de Leonardo Espinosa, exdecano de la Sergio y exfiscal general ad hoc para el caso Odebrecht, esas personas son, entre otros, el corrupto exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, el exconsejero presidencial Miguel Ceballos, familiares del condenado exministro Andrés Felipe Arias y el hoy fiscal general Francisco Barbosa.
La denuncia asegura que “pocos días antes de ser elegido fiscal general de
la Nación, estando en el cargo de alto consejero para los DDHH de la
Presidencia, se hizo nombrar docente-investigador de la Escuela Mayor de
Derecho, recibiendo varios millones de pesos mensuales, durante cerca de un
año, sin haber hecho prácticamente nada representativo para la Universidad
en ese periodo, ni dictado o impartido clases. Simplemente cobró millonarias
sumas de dinero, por no hacer nada”.
Para responder la grave acusación Barbosa acudió a su benefactor, el rector
Rodrigo Noguera. Una subalterna suya certificó que sí cumplió con lo que le
pagaron. Un señalado absuelve al otro. Quien acusa, en cambio, era el decano
ejecutivo de la Facultad de Derecho y en consecuencia la persona que sabía
de primera mano cuál profesor dictaba la clase y cuál solamente cobraba.
La corbata que Noguera le dio al ahora fiscal Barbosa ha sido generosamente
recompensada con plata de los contribuyentes. La Fiscalía General de la
Nación le otorgó un contrato a la Universidad Sergio Arboleda por más de
2.850 millones de pesos para que preste su apoyo pedagógico al ente
investigador. Así lo mostró la investigación de la periodista Juliana
Ramírez realizada para Cambio y Noticias Uno.
Como si fuera poco, la Fiscalía se ha hecho la de las gafas frente a
denuncias públicas que señalan la posible comisión de delitos por parte del
rector Rodrigo Noguera.
La fiscal delegada ante los jueces del circuito de Bogotá, Angélica
Monsalve, denunció públicamente que el rector Rodrigo Noguera la citó en la
Sergio Arboleda para presionarla con el propósito de que cambiara su
decisión de imputar a tres miembros de la poderosa familia Ríos Velilla por
presuntos delitos el caso de recaudo de TransMilenio.
El país conoció la grabación en la que el rector Noguera trata de influir en
la decisión de la fiscal, justifica el lobby ilegal y la llama ridícula por
negarse a aceptar la presión.
Después de que la fiscal Monsalve rechazara las peticiones del rector, la Fiscalía dirigida por Francisco Barbosa ordenó su traslado al Putumayo “por razones del servicio”.
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
