viernes, 15 de septiembre de 2017

(Cataluña - España) El Gobierno interviene los pagos de Cataluña y deja sin liquidez a la Generalitat

El Gobierno ha dado un gran paso adelante para dejar a la Generalitat sin liquidez ante el desafío soberanista del Parlament. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha decidido cortar las vías de la financiación autonómica a Cataluña de modo que el Estado se haga cargo directamente de la mayor parte de los pagos para garantizar así que no se destinan a financiar el referéndum.
En concreto, el Ministerio de Hacienda pasará a controlar directamente todos los gastos destinados a financiar los servicios públicos básicos: sanidad, educación, dependencia, seguridad, etc. y también pagará las nóminas de los trabajadores públicos. Para hacerlo, la Generalitat tendrá que enviar un informe, firmado por la interventora general de Cataluña, en el que especifique todos los pagos que tiene que realizar y acreditar su legalidad.

"El Estado pagará todos los servicios públicos esenciales", ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro tras el Consejo de Ministros, "es un control de pagos novedoso". Todos los gastos que no sean servicios fundamentales tendrán que ser cortados en un acuerdo de no disponibilidad que tendrá que aprobar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont en un plazo de 48 horas desde que la resolución se publique en el BOE, previsiblemente el próximo lunes.
Este acuerdo de no disponibilidad obliga a la Generalitat a cancelar todas las partidas presupuestarias que no estén siendo aplicadas. El Gobierno ha tomado esta decisión bajo el argumento de que los gastos de Cataluña pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit, de hecho, no sería la primera Administración que tiene que aprobar un acuerdo de no disponibilidad. Si se pasa el plazo de 48 horas sin que la Generalitat haya actuado, será el propio Ministerio quien lo adopte.

A partir de ese momento, todos los gastos que no sean servicios fundamentales y que se paguen con los recursos de la financiación autonómica tendrán que ser acreditados ante Hacienda y será el Estado quien abone los pagos directamente a través del ICO. En total, el Estado retendrá una transferencia de unos 1.400 millones de euros a la Generalitat correspondientes a los recursos de la financiación autonómica de septiembre. El Gobierno ya ha enviado unos 500 millones este mes, antes de que la Generalitat dejara de informar sobre sus gastos.
Por último, la Comisión Delegada ha decidido anular la potestad que tiene la Generalitat (como cualquier autonomía) de realizar operaciones de endeudamiento a corto plazo y, desde este momento tendrá que contar con la autorización del Consejo de Ministros, igual que ocurre con su deuda de largo plazo. De este modo, Montoro se asegura que la Generalitat no pide créditos a los bancos con el respaldo estatal para poder financiar el referéndum.

"Estas medidas garantizan el servicio público al máximo y pensando en el interés de todos los ciudadanos catalanes", ha asegurado Montoro, "pero en ningún momento afecta al ejercicio de las competencias".
La Generalitat todavía controla los recursos de los tributos que recauda, que son unos 250 millones mensuales. Esto es, tendría disponibles en torno al 10% de sus ingresos habituales. Para controlar también que estos fondos no se destinen a financiar el referéndum, el Gobierno controlará todos los movimientos que realice la Generalitat a través de los bancos. Como todos los pagos se realizan por transferencia, Hacienda exigirá a los bancos que para realizar cualquier movimiento del Govern esté acompañando de un informe de la Intervención General y, en caso de que perciban cualquier movimiento sospechoso, deberán informar a la Fiscalía. De este modo, Montoro cierra el círculo del control de las cuentas catalanas "sin afectar a sus competencias". Estas decisiones "garantizan que no se usa ni un euro público para cuestiones ilegales", ha sentenciado Montoro.
Presión a los funcionarios
El Gobierno ha decidido elevar la presión sobre la Intervención General de la Generalitat y ha enviado a la Fiscalía la actualización de la interventora Rosa Vidal de dejar de notificar el gasto de la comunidad como exige Hacienda. Montoro ha explicado que un funcionario no puede aceptar órdenes que contravengan la legislación aunque las reciba de un superior. La Abogacía del Estado recomendó al Gobierno denunciar a Vidal ante la Fiscalía y así lo ha hecho.
El Gobierno ha tardado menos de 24 horas en reaccionar al órdago de la Generalitat de dejar de enviar las notificaciones de su gasto público. Fuentes del Ejecutivo explican que con esta decisión "se demuestra que el Gobierno tiene armas para actuar y que no se va a quedar parado ante la vulneración de la ley".

Hacienda consigue, con este paquete de medidas, secar la liquidez de la Generalitat de modo que no tenga recursos para financiar el referéndum. A partir de la semana que viene, la mayor parte de los gastos se pagarán directamente desde Madrid a los proveedores y trabajadores, sin que el dinero pase por la Generalitat.

Montoro comparecerá en el Congreso de los Diputados la semana que viene para explicar estas decisiones ante la Cámara. El ministro se apoya, principalmente, en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para argumentar estás medidas, aunque también hace referencia al artículo 135 de la Constitución. Ese que modificó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para garantizar la estabilidad presupuestaria en la Carta Magna.
Para Montoro, la decisión de la Generalitat de dejar de informar pone en riesgo la corrección del déficit, por lo que el argumento de utilizar la Constitución es lógico. El ministro compara la situación de Cataluña con la de España: "¿Qué ocurriría si ahora España dejara de enviar datos de su ajuste fiscal a Bruselas?", se ha preguntado. En una democracia, ha argumentado, las normas están para cumplirlas, tanto por el Gobierno de España como por el de Cataluña.
Rajoy traslada a Sánchez y Rivera las nuevas medidas y recibe su apoyo

Por Juanma Romero
Mariano Rajoy mantiene su promesa de informar puntualmente a PSOE y Ciudadanos de cada decisión adoptada por su Gobierno para frenar el desafío del 1-O. El presidente contactó este viernes con los líderes de las dos formaciones para trasladarles las nuevas medidas de control financiero de la Generalitat, y de ambos recibió su apoyo. Consigue así que el frente de los partidos constitucionalistas permanezca unido.
Según indicaban fuentes socialistas, Pedro Sánchez mantiene su posición "en defensa de la legalidad y del Estado de derecho". "No puede existir una legalidad paralela, como plantea el bloque soberanista", señalan desde Ferraz, donde insisten en que es fundamental garantizar la prestación de servicios públicos, como pretende Hacienda. No obstante, desde la dirección del PSOE remarcan el mensaje tradicional que ha patrocinado Sánchez todos estos meses: que el Ejecutivo debe actuar con "proporcionalidad, mesura y responsabilidad".
Así, el PSOE prestó su "apoyo" a la medida, aunque en la cúpula consideran que no hay que "comentar cada medida que adopta el Gobierno" para reconducir la crisis con Cataluña.
Fuentes de Ciudadanos también informaron de que Rajoy había mantenido una conversación telefónica con Albert Rivera esta mañana. En ella, el jefe de la formación naranja volvió a transmitirle al presidente el apoyo "sin fisuras" de su partido al Gobierno, informa EFE.

FUENTE: Con información de JAVIER G. JORRÍN - https://www.elconfidencial.com