miércoles, 17 de octubre de 2018

(España) Sorpresa: Ciudadanos localiza el expediente que Madrid no ha podido enviar al juez

Sorpresa. El grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha localizado el expediente que la Comunidad de Madrid no encuentra entre sus archivos. Se trata del informe que acompañó a la declaración de bien de interés general que en 2007 permitió a Esperanza Aguirre levantar un campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II en Chamberí, una de las piezas del caso Lezo. El Gobierno regional acaba de contestar a la Audiencia Nacional que no tiene ningún expediente, pero en cambio sí se lo envió a Ciudadanos el pasado mes de enero como respuesta a una petición de información.

¿Cómo es posible que lo tenga Ciudadanos y en cambio la respuesta obtenida por el juez instructor del caso, Manuel García-Castellón, es que la Comunidad no lo localiza? "Es un tema judicializado y todos los requerimientos solicitados por el juzgado han sido contestados", señala lacónicamente un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente. El expediente que obra en poder de Ciudadanos desde enero consta de 44 páginas. Fuentes de la Audiencia Nacional han señalado que volverán a reiterar su petición a la Comunidad de Madrid.

"No aparece ningún expediente, y no consta ningún documento. Ni la nota remitida por fax por el secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente interesando un informe para la elevación al Consejo de Gobierno de la declaración de interés general del citado proyecto, ni el informe de contestación realizado por el director general". Es la respuesta que la Subdirección General de Normativa y Régimen Jurídico Urbanístico acaba de enviar al juez cuando este le solicitó el pasado mes de septiembre el informe que tuvo que acompañar a esa declaración de bien de interés general.

Esa declaración es un documento clave en la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional en la pieza sobre las presuntas irregularidades que rodearon la construcción de ese campo de golf, hoy derribado por decisión judicial. El entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, había declarado ilegales las obras cuando ya estaban muy avanzadas, por lo que el Ejecutivo de Aguirre se tuvo que sacar de la chistera una fórmula jurídica para sortear esa prohibición y levantar el complejo deportivo. Esa fórmula se encontró en el artículo 162 de la Ley del Suelo, que permitía declarar el campo de golf bien de interés general.

Lo único que tiene el juzgado es un fax que el secretario general técnico de Vicepresidencia (entonces en manos de Ignacio González) envió al director general de Urbanismo el 17 de enero de 2017 a las 20:52, en el que el primero adjuntaba el proyecto del acuerdo por el que el Consejo de Gobierno iba a declarar bien de interés general el polémico campo de golf. El fax señala que ese acuerdo incluía cinco documentos, un expediente que ahora no aparece. "No se puede certificar sobre el extremo solicitado por el juzgado al desconocer ese documento y, por tanto, su contenido", acaba de contestar el Gobierno regional al juzgado.

La Guardia Civil tomó declaración como testigo el pasado 25 de septiembre a Domingo Menéndez, director general de Urbanismo en 2007. Y le preguntó concretamente sobre esa declaración de interés público. "Fue una decisión política del Gobierno de la comunidad que quería hacer unas instalaciones deportivas, y el expediente se tramitó para salvar las dificultades ocasionadas por la denegación de licencias administrativas del ayuntamiento. El artículo 161.5 suple estas competencias y se podría construir de una manera legal", señaló Menéndez.

El ex director general de Urbanismo también declaró que no recordaba "haber emitido ningún informe, pero puede que lo emitiera". Lo volvió a recalcar, "que no recuerda haber confeccionado ningún informe ni tampoco lo contrario, pero sí recuerda que había consenso entre los jurídicos de que esta era la única forma de tramitación que se ajustaba a la legalidad". La Guardia Civil le pregunta entonces por qué no consta ningún expediente en la consejería. "Que lo desconoce, pero que le extraña y que al menos debería estar la salida del informe". Menéndez negó presiones. "Matiza que recuerda no haber recibido presiones para que el expediente saliera rápidamente, que se trataba de una decisión política que estaba tomada ya, y que había que ver si era legal y en ese caso darle forma administrativa".

La historia de estas instalaciones comenzó en el año 2003, cuando el Gobierno regional entonces presidido por Aguirre obtuvo la licencia de obras por parte del ayuntamiento de la capital para construir una instalación deportiva en los 118.944 metros cuadrados que el Canal de Isabel II tiene en el distrito de Chamberí. El proyecto inicial destinaba parte de esta parcela a una zona verde de uso público, un estanque ornamental, un campo de fútbol al aire libre y un pequeño helipuerto. Pero, durante las obras, el proyecto cambió: el complejo incluiría un campo de prácticas de golf de nueve hoyos.

Cuando faltaban seis meses para la finalización de los trabajos, en octubre de 2006, la Dirección General de Gestión Urbanística del consistorio ordenó la suspensión de las obras, ya que los técnicos municipales entendieron que el Gobierno regional debía solicitar un nuevo permiso que amparara unas obras "ilegales", entre otras cuestiones por las afecciones paisajísticas que causaba la valla perimetral que iba a rodear el recinto para evitar que se escaparan las bolas. La comunidad no lo hizo, y en cambio en enero de 2007 declaró el proyecto "bien de interés general" e inauguró el conjunto en marzo de 2007, incluido el campo de golf. Los cambios elevaron el presupuesto casi un 38% (de 42 a 58 millones de euros).

Comenzó entonces una batalla jurídica, liderada por los vecinos de la zona. Así, en 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró que el campo de golf no cumplía los requisitos administrativos requeridos para justificar su condición de interés general, fallo que fue confirmado en diciembre de 2012 por el Tribunal Supremo. Para salvar el proyecto, la comunidad, con apoyo del ayuntamiento, aprobó en julio de 2013 un plan especial para legalizar la situación de estos terrenos. La asociación vecinal recurrió ese proyecto y el TSJM volvió a darles la razón en julio de 2016 y ordenó su demolición. La Comunidad de Madrid empezó este año las obras para tirarlo.

Esperanza Aguirre declaró en la Asamblea de Madrid sobre este asunto en marzo de 2018. A su juicio, declarar de interés general la instalación estaba justificado. "El artículo 162 de la Ley del Suelo está exactamente para casos como este. La sentencia [del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula la declaración] no dice que no sea de interés general, dice que no está suficientemente motivado", señaló. "Yo tuve la idea de ponerlo en el centro de Madrid. Mátenme a mí, pero la idea fue mía. Lo había visto en algunas ciudades en el extranjero... y en algunas películas", señaló Aguirre.

También compareció en la Asamblea el consejero de Medio Ambiente de la época, Mariano Zabía, que explicó que fue Ignacio González quien le presentó la fórmula de la declaración de bien de interés general como la "única solución (...) es más de interés general un campo de golf que un helipuerto". Zabía aseguró además que "no fue necesaria la declaración de impacto ambiental" en esa zona previa a la construcción del campo del golf porque "no había suelo afectado y no había impacto hídrico porque el césped era artificial". El campo de golf es una de las piezas del caso Lezo. Los investigadores creen que su construcción y posterior explotación estuvieron amañadas desde el principio y que Ignacio González, su hermano y su cuñado pudieron lucrarse económicamente.

FUENTE: Con información de DAVID FERNÁNDEZ - BEATRIZ PARERA - https://www.elconfidencial.com ->> Ir
 

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