Alianzas público-privadas esperan definición de reglas en Panamá

El esquema de negocios para la ejecución de grandes proyectos a través de una Alianza Público Privada (APP) es reglamentada en Panamá, por medio del proyecto de ley 349, que está en discusión en la Asamblea Nacional de Diputados.

Como era de esperarse, la propuesta tiene sus defensores y sus detractores.
En papel, la iniciativa está enfocada a definir que las APP son contratos entre los sectores público y privado, a través del que la compañía construye, financia, opera y mantiene infraestructuras o presta servicios, y estos son cancelados por el Gobierno.
Junto a esto, las APP pueden considerarse relaciones a largo plazo, de al menos cinco años y máximo 50 años; a la vez, los proyectos generados con el mismo tendrían valores mayores a los $5 millones de dólares.
Para Maribel Castillo, socia de la consultora Deloitte, las APP difieren del esquema de las contrataciones directas en que en las alianzas se tratan de proyectos que requieren un extenso período de operación y de mantenimiento.
Entre tanto, “las contrataciones directas son más comunes para proyectos más cortos del Estado, mientras que por su parte, en los “Llave en Mano”, la parte privada entrega la obra y se desentiende de la misma”, señaló Castillo.
Roberto Roy, secretario del Metro de Panamá, está a favor de las APP en Panamá, e incluso, adelantó que la segunda línea de esta vía (que se licitaría en unos años) sería atractivo que opere con ese esquema.
Ante de esto, la ley dice que el Régimen de las Asociaciones Público Privadas debe ser aprobado por los diputados, para luego constituirse el organismo regulador, el que se encargará de supervisar el cumplimiento de los niveles de servicio, acceso y aplicación de tarifas. Además de una secretaría, que estaría bajo el Ministerio de Economía y Finanzas.
Para el economista Adolfo Quintero, el esquema de las APP siempre ha existido pero no ha sido regulado como tal.
Señaló que las privatizaciones de las empresas estatales de energía y telefonía, hace unos años, son un ejemplo y resultaron ser algo traumáticas, ya que pareciera que el Estado hoy no tiene casi injerencia en las mismas.
Afirmó que la relación costo beneficio de las APP, con reglas claras para el Estado, podría ser atractivo, ya que la empresa privada ha demostrado ser administrador eficiente.
“Si se maneja adecuadamente el costo de un proyecto es menos oneroso que si lo hace el Gobierno, a través de la administración pública”, manifestó.
Según el proyecto 349, el financiamiento de las APP se harían con un contrato mutianual de prestación del servicios, entre la empresa privada y el Estado panameño.
A su vez, todo el sector público no financiero (ministerios y otras entidades) podría utilizar el nuevo esquema para proyectos.

FUENTE: Grace Kelly Chi - http://www.panamaamerica.com.pa