¿Su propósito? Crear portales y sistemas de operabilidad que permitan a todas las bases del Estado comunicarse entre sí, de forma que el ciudadano cuando acuda a una institución pública, no tenga que llevar y aportar documentos, que ya existen en las bases de datos, como la consabida fotocopia de cédula.
La inversión estimada para llevarlo a cabo es de 25 millones de dólares, a razón de 1 millón de dólares al mes por un período que puede ir de 24 a 30 meses, para poderse desarrollar.
No obstante, muchos se preguntan, ¿están los funcionarios y los usuarios listos para estos cambios?
Eduardo Jaén, administrador general de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), detalló que para ese propósito, a través del Instituto de Tecnología e Innovación se están dictando cursos en los que se han capacitado a unas 2600 personas, de las cuales, más del 90% de los participantes son colaboradores del Gobierno en todo el país.
Precisó que los programas de inducción son de alcance nacional, por lo que las entidades estatales, sean de la ciudad o del interior, tienen el mismo acceso al conocimiento para poder dominar el sistema.
Con respecto al público general, explicó que los instructores de las infoplazas de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) serán facilitadores para que las personas se instruyan sobre cómo llenar los formularios digitales.
Jaén afirmó que el 1 de enero de 2012 los primeros trámites que se automatizarán serán la certificación de descuentos (Contraloría General de la República); el trámite de Traspaso (Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre); el pasaporte ordinario (Dirección Nacional de Pasaporte); el permiso de Construcción (Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial) y el Registro Vehicular (Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre).
A lo largo del 2012 se automatizarán 106 trámites más de distintas entidades.
El director de la AIG apuntó que el Estado invierte por año unos 25 millones de dólares en concepto de papel, por lo que subrayó que “ esta es una inversión que se repagará a en muy pocos años”.
Expresó que la eliminación del papel no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a tomar varios años para poder ejecutarse completamente, aclarando que probablemente su finalización se dará más allá del mandato del presidente, Ricardo Martinelli.
Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores de la República de Panamá (UNCEREPA), por su parte recalcó que este plan tiene que ver más con tramitología, y que lo que necesita el panameño es una mejor atención.
A juicio del presidente de la UNCUREPA, lo que debe procurarse es un corte más social que no existe. Precisó que esos sistemas, además de ser “un negocio, tienden a despersonalizar la labor social de atención al usuario, porque quita el calor humano”.
Indicó que no cree que sea un ahorro de dinero para los panameños y lo calificó como “marketing”, reiterando que la ciudadanía lo que necesita es un mejor servicio.
FUENTE: Diamar Díaz Nieto - http://www.panamaamerica.com.pa
