PANAMÁ. Ayer se retomó en segundo debate el proyecto 349, el cual crea el régimen de Asociación Público-Privada (APP), pero desde un punto de vista contrario a lo que se especula sobre una posible tercerización o privatización de los servicios y construcción de infraestructuras en Panamá, el aún titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, salió a la defensa de la iniciativa.
A través de un correo electrónico, Vallarino explicó que el proyecto no tiene nada que ver con algún tipo de tercerización para la construcción de proyectos como la torre financiera, ya que la esencia de la modalidad por adoptarse en Panamá no es nueva en Latinoamérica y que desde la administración del presidente Martín Torrijos se hablaba de ella.
Con relación a la torre —dijo— se trata de un proyecto inmobiliario con un socio mayoritario del sector privado donde una serie de instituciones estatales, principalmente el Banco Nacional de Panamá, estarían adquiriendo locales comerciales a un precio por debajo del mercado por el aporte que haría el Estado a través del terreno y los planos y para eso no se necesita de la ley de las APP, puntualizó.
EXPERIENCIAS
El sistema APP se utiliza desde finales de los años 80 en México, mientras que desde los 90 se adoptó en Chile, Perú, Colombia y Brasil, economías cuya calificación de riesgo país va de A+ a BBB-, lo que es bueno, agregó.
DIFERENCIA DEL FLUJO
A diferencia del modelo de inversión pública tradicional, el pago en proyectos realizados mediante APP, el gobierno no paga durante la fase de construcción del proyecto y solo paga anualmente por la provisión de servicio durante los años que dure el proyecto. Ver recuadros: Flujo.
MODALIDADES
Según Vallarino, existen diversas modalidades de APP; sin embargo, el proyecto ley que promueve el MEF contiene las dos modalidades más utilizadas a nivel mundial, que son la APP de Infraestructura y la de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS).
El proyecto 349 pretende establecer contratos entre el sector público y el privado, en donde este último construirá, financiará, operará y mantendrá infraestructuras o prestará servicios ante una amplia gama de proyectos de inversión social y económica, tradicionalmente ejecutadas por el Gobierno.
No obstante, al estar bajo el régimen en promoción no se afectaría el límite del déficit o deuda establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal y Social.
Vallarino explicó que a través de la APP ‘los gobiernos pueden proveer servicios públicos requeridos por la sociedad hoy día más allá de las disponibilidades presupuestarias’.
Los pagos efectuados por el gobierno iniciarán una vez el sector privado haya construido y prestado el servicio requerido por la población.
Con este mecanismo, el Estado al no incurrir en deuda hoy para financiar la inversión no incrementa su relación Déficit/PIB ni la relación Deuda/PIB.
FUENTE: MILEIKA LASSO - http://www.laestrella.com.pa
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miércoles, 5 de octubre de 2011
Vallarino defiende su última iniciativa
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