El 29 de noviembre, poco después de las 11 a. m., el fiscal general, Jorge Chavarría, anunció la acusación en contra del parlamentario por la eventual comisión de siete delitos: cuatro por concusión, dos por tráfico de influencias y uno por extorsión.
Ayer, el magistrado de la Sala III Carlos Chinchilla presentó un informe al pleno de la Corte, el máximo órgano del Poder Judicial, en el que le dio el visto bueno a la acusación del fiscal.
“Recomendé a la Corte Suprema de Justicia que se prosiga con el trámite para el levantamiento de la inmunidad que cubre al señor diputado para que se conozca sobre la acusación del Ministerio Público y sobre la querella. Estamos hablando del diputado Jorge Alberto Angulo Mora”, puntualizó Chinchilla.
Acusado. En una sesión privada, ayer, los magistrados decidieron apoyar el informe de su compañero, en el cual se señala que hay méritos suficientes para enjuiciar al congresista del Partido Liberación Nacional (PLN), de 57 años y representante de la provincia de Puntarenas.
La Fiscalía acusó a Angulo el 29 de noviembre, cinco meses de que el primer reportaje de La Nación dio voz a las quejas de funcionarios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) sobre la presunta injerencia del diputado en esa institución.
Además, se dio a conocer la negativa de Judesur a pagar ¢971.000 que el Hotel Sierra, en Golfito, cobraba por gastos de bebidas y hospedaje del parlamentario.
También se informó de las supuestas presiones de este para recibir dinero de la firma COIN KRJ S. A. que construía un colegio en San Vito, Coto Brus, zona sur.
Por estas y otras acciones, el fiscal Chavarría acusó a Angulo de la supuesta comisión de cuatro delitos de concusión, que se da cuando un funcionario público, abusando de su calidad o de sus funciones, obliga a alguien a dar o prometer un beneficio patrimonial, según tipifica el artículo 348 del Código Penal, el cual establece un castigo de hasta ocho años de cárcel.
Al verdiblanco también se le acusó por la eventual comisión de dos delitos de tráfico de influencias, que se sanciona con una pena máxima de cinco años de cárcel para quien, usando presiones, obtenga beneficios indebidos de parte de funcionarios públicos.
Finalmente, la acusación del Ministerio Público señala que Angulo pudo haber cometido un delito de extorsión, penado con un máximo de seis años de prisión.
¿Y la inmunidad? El 7 de noviembre, el diputado manifestó que renunciaba a su inmunidad cuando la Fiscalía lo acusara; sin embargo, esa decisión está en duda.
El congresista evitó dar explicaciones ayer en el Congreso y dijo al presidente legislativo, Juan Carlos Mendoza, que debía consultarlo con su abogado, Rafael Gairaud.
Mendoza indicó que hoy pedirá a Angulo que aclare su situación pues si no renuncia, deberá iniciarse el trámite para quitarle el fuero.
Dicho trámite implica la conformación de un foro de tres diputados que estudie el caso y lo dictamine, tomando en cuenta la posición del legislador, para que finalmente la decisión la tome el plenario por no menos de 38 votos.
En el Congreso hay ambiente para levantarle la inmunidad al verdiblanco, pero los jefes de fracción coinciden en que lo mejor sería que renuncie a su inmunidad.
FUENTE: Esteban A. Mata - http://www.nacion.com
