Al consultarle a la presidenta de la CNE, Vanessa Rosales, por qué la entidad no sacó a los precaristas, la funcionaria alegó que no tenían los 21 beneficiarios que deberían ocupar esas casas.
“No teníamos a quién entregarlas. Si uno desocupa una casa que está invadida y no tiene un destinatario legítimo, otro invasor o el mismo, se va a volver a meter”, dijo Rosales.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) corre ahora para tratar de desalojar a las 21 familias que ya tienen dos años de estar allí, con servicios de agua y luz a su nombre.
Rosales achaca el problema con el proceso de construcción a su antecesor, Daniel Gallardo, quien contrató a la empresa Doña Rita de Santa Helena, Sociedad Anónima, para la edificación de la 53 casas. El proyecto era de ¢9,5 millones por cada vivienda, para un total de ¢513 millones.
Criterio apelado. Contrario a la intención de la CNE, los precaristas esperan que no los saquen de las viviendas. Aseguran que si se apropiaron de las casas fue porque los excluyeron una vez iniciado el proceso en mención.
“Yo me metí ahí porque nunca me ayudaron en nada en la Comisión. Yo nada más llegué y abrí la puerta, porque no tenían seguro. Nadie quiso las casas; los que se las iban a dar se las rechazaron”, afirmó Emely Arias, quien vive con su familia en una de las casas desde diciembre del 2009.
Otros afirman que si invadieron las casas, fue porque estaban en total abandono y por el contrario, expresó que muchos de los beneficiarios que sí reconoce el Gobierno más bien venden las casas.
“¿Por qué quieren sacarnos si tenemos las casas bien cuidadas? La gente a la que le dieron llave antes, están alquilando las casas y vendiéndolas”, expresó.
Ahora, la CNE trabaja para tratar de recuperar las viviendas y entregárselas a 21 familias nuevas que considera que sí cumplen con los requisitos para ser beneficiarias. Así lo acordó la directiva de la entidad el lunes 30 de enero.
Para ello, contará con el apoyo del Ministerio de Vivienda y del Instituto de Ayuda Social.
Rosales agregó que en la lista original de afectados por las lluvias del 2007 se habían “colado” personas que no cumplían con los requisitos de la Comisión para poder recibir una vivienda.
Sin embargo, el vocero de la constructora Roberto Vargas, aduce que los problemas de coordinación con la CNE derivaron en el abandono de 21 de las viviendas que terminaron siendo invadidas por familias, que no estaban en las listas de beneficiarios.
Rosales señaló dificultades con la constructora para el proceso de entrega de las viviendas, lo que a su criterio dificultó más la entrega.
FUENTE: Esteban A. Mata yFreddy Parrales - http://www.nacion.com
