En su veredicto, el TS acusó al conocido magistrado de los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, al ordenar interceptar las comunicaciones mantenidas en prisión por los principales imputados del caso Gürtel.
Esa trama corrupta salpicó a principios de 2009 a altos cargos del conservador Partido Popular, ahora en el poder.
La sentencia del alto tribunal, aprobada por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron a Garzón por las escuchas, supone la perdida definitiva de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
En un fallo durísimo, el Supremo imputó a Garzón haber utilizado "prácticas de regímenes totalitarios", utilizando los mismos argumentos que el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro.
Para sus querellantes, causó "una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo".
Tras insistir en que el juez se separó "absolutamente" de la doctrina del Tribunal Constitucional y del propio Supremo, la Sala indica que vulneró el Estado de Derecho.
A pesar de no existir indicios de delito contra los letrados, ordenó que sus comunicaciones fueran intervenidas, e incluyó a todos los abogados, fueran quienes fueran, agregó el dictamen.
Apartado provisionalmente de sus funciones desde hace casi dos años, el mediático juez está ahora a la espera del fallo de un segundo proceso que se sigue en su contra, relativo a su investigación de los crímenes de la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).
Garzón, que ganó notoriedad por sus intentos de procesar al exdictador chileno Augusto Pinochet e intervenir en varias causas de defensa de los derechos humanos, tiene abierto un tercer expediente en el alto tribunal.
Es el referido a unos supuestos pagos que recibió del Banco Santander para patrocinar unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York durante los años 2005 y 2006.
FUENTE: msl/edu - Prensa Latina
