Pero apenas horas después de los incidentes, las versiones del gobierno —emitidas en su mayoría por el ministro durante toda la cruenta jornada— cayeron frente al golpe que tenía sazonada la realidad justo tras la humareda por las bombas lacrimógenas que caían como patronales en el oriente de Chiriquí.
La contradicción más notoria fue que la Policía Nacional (PN) ‘jamás utilizó’ armamento letal. Mulino aseguró a los medios la tarde del domingo que cuando armaron el operativo para lograr la reapertura de la vía Interamericana —la cual llevaba ya una semana bloqueada por los indígenas en rechazo a la minería y las hidroeléctricas— el procedimiento no incluía utilizar pistolas. Lo mismo dijo antes su subalterno, el director de la Policía, Gustavo Pérez.
‘Las unidades sólo cuentan con el equipo para control de multitudes y no armas letales’, enfatizó Mulino.
Pero imágenes captadas en exclusiva por La Estrella evidenciaron lo contrario: una unidad de la institución sacó su arma de reglamento, la ubicó a la altura de sus ojos y puso su dedo sobre el gatillo. Luego la guardó en la parte trasera de su pantalón. Un día después (ayer al mediodía), el ministro se retractó. ‘Había unos que sí’, reconoció. (Ver Conmoción por fotos que muestran a agente con arma)
INTERVENCIÓN EN SAN FÉLIX
El titular de Seguridad Pública —también exdirigente de la Cruzada Civilista, que peleó por el fin de la dictadura militar— aseguró que las unidades de la Policía no habían ingresado al poblado de San Félix. Lo hizo rebatiendo al representante del corregimiento homónimo, Xavier Rodríguez, quien relataba en la televisión local la hecatombe en el pueblo. ‘Están llegando a la escuela, ya pasaron por la Iglesia. La gente está cortando árboles para evitar que lleguen’, narraba.
Según Mulino, la PN solo estaba en el tramo que lleva de San Félix a la Interamericana, cuidando que los indígenas que bajaban de la comarca Ngöbe Buglé no volvieran a crear caos.
Sin embargo, al final la fuerza policial sí ingresó al pueblo. El equipo de La Estrella estuvo ahí y tuvo que buscar refugio. Los pobladores también. Los agentes no dejaban de lanzar bombas lacrimógenas en la comunidad rural que termina en un pasadizo a la codiciada comarca ngöbe. El centro del distrito quedó sitiado.
Además, el ministro enfatizó sobre el mediodía del domingo que la sucursal del Banco Nacional de San Félix había sido saqueada por los indígenas rebeldes. Pero ayer las instalaciones de la entidad bancaria —que se mantuvo cerrada toda la distancia— estaban intactas.
DE DIÁLOGOS Y DEFENSORA
Mulino (el portavoz oficial del gobierno ante la crisis) se contradijo aún más. Mientras parte de los ministros del Gabinete aseguraba que el presidente Ricardo Martinelli estaba dispuesto a dialogar y se quejaba de la intransigencia de los indígenas, la mesa de conversa preparada en San Lorenzo —con la Iglesia de por medio— para poner fin a la crisis quedó desolada.
‘El gobierno actúa con poca seriedad’, dijo con ira monseñor José Luis Lacunza, obispo de la Diócesis de David, el sábado —al sexto día de cierre—. Con Lacunza los dirigentes indígenas esperaron a funcionarios por casi cinco horas en un colegio rural, pero se fueron tal cual llegaron. La llave que profundizó el conflicto se abrió y dio con una intervención policial que aún no halla final.
Las versiones contradictorias alcanzaron también a la defensora del Pueblo, Patria Portugal, quien denunció ser víctima de vejámenes por la propia PN durante la tarde del domingo. El ministro Mulino acentuó que nada de eso ocurría.
Portugal —nombrada por la administración Martinelli— acusó a la policía de agredirla cuando intentaba velar por un grupo de menores y embarazadas que eran esposados para arresto. Pero, aseguró ayer el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, la funcionaria no tiene autoridad para detener la conducción de ciudadanos.
VIOLANDO LA COMUNICACIÓN
Pero las múltiples versiones de Mulino y el gobierno venían desde antes. El jueves por la noche la prensa apostada en San Félix reportó la suspensión de todas las telecomunicaciones. Mulino, a primera hora del viernes negó que las autoridades fueran las responsables: ‘fue un sabotaje’ de los indígenas, dijo.
Lo planteó así pese a que las operadoras de telefonía habían reconocido que por decisión ‘de las autoridades competentes’ hicieron el corte.
Luego Mulino giró de versión. ‘Teníamos información de inteligencia de que habían intenciones de atentar contra las torres (de telecomunicaciones). Por eso suspendimos’.
APOYO
Las unidades sólo cuentan con el equipo para control de multitudes y no armas letales’.
JOSÉ R. MULINO
MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA
FUENTE: NICANOR ALVARADO DIXON - http://laestrella.com.pa
