(Costa Rica) 319 funcionarios omitieron declarar bienes ante Contraloría

Este año, 319 funcionarios de la Administración Pública incumplieron su deber de presentar una declaración actualizada de sus bienes ante la Contraloría General de la República (CGR).
La CGR publica en su página web la lista con los nombres de todos los funcionarios que incumplieron con esa obligación, dispuesta en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.
En esa lista, figuran funcionarios de distintas instituciones del Estado, pero el ranquin de omisos lo encabezan los alcaldes, vicealcaldes y regidores municipales, quienes representan el 35% de todos los incumplimientos.

Entre los funcionarios que se resisten a declarar la cantidad y evolución de sus bienes ante la CGR, están los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que representan el 16% de todas las omisiones.

Este año, 12.500 personas debían presentar una actualización de su patrimonio, por lo que el porcentaje de incumplimiento fue del 2,55%. El plazo para entregar su declaración venció el 22 de mayo.

En la lista de omisos se detallan nombres como los del magistrado suplente, Rodolfo Piza Rocafort, sindicalistas como Ronaldo Blear y Albino Vargas, así como la exdefensora de los Habitantes, Lizbeth Quesada Tristán.

Consultados sobre las razones del incumplimiento, todos ellos alegaron olvidos y se comprometieron a actualizar su declaración de bienes esta semana. A la exdefensora de los Habitantes no fue posible localizarla debido a que está fuera del país.

La jefa de prensa de la Contraloría, Mariela Azofeifa, explicó que, tras la publicación de esta lista, se iniciará un periodo de prevenciones a quienes incumplieron la ley.

“Se trata de filtrar de la lista a quienes, por razones de salud, por estar fuera del país u otra razón justificable, no presentaron su declaración, y de impulsar los procesos administrativos o sanciones que correspondan, que pueden llegar hasta el despido”, informó Mariela Azofeifa.

Contenido secreto. La disposición de obligar a un grupo funcionarios públicos –escogido estratégicamente por el tipo de labor que realiza– para que declaren el estado actual de sus bienes, busca detectar hechos de corrupción o aumentos anormales de bienes. Sin embargo, el contenido de esas declaraciones no es de acceso público.

La Contraloría tampoco dispone de un número preestablecido de funcionarios para revisar la consistencia de las declaraciones que presentan los empleados del Estado.

Lo que se hace es cruzar bases de datos y comprobar la información consignada, no sobre las 12.500 declaraciones que se debían recibir, sino sobre una muestra del total.

“No podemos controlar todas las declaraciones; controlamos una muestra o los casos que se nos señalen al recibir una denuncia. El número de funcionarios que tenemos para ese control no es fijo, varía cada año”, explicó Azofeifa.

En sus declaraciones juradas ante la Contraloría, los funcionarios deben consignar de manera detallada todos lo bienes, depósitos bancarios, rentas, obligaciones y reflejar cualquier otro cambio en su patrimonio respecto del año anterior.

La consistencia de todos estos datos no es revisada de manera íntegra, sino mediante un muestreo que efectúa la CGR cada año. Además de la CGR, pueden pedir acceso a estas declaraciones juradas el Ministerio Público –en caso de una investigación–, o los jueces.

A comienzos del mes pasado, tras estallar el escándalo por el presunto pago de dádivas a empleados del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por la construcción de la ruta Juan Rafael Mora, la presidenta Laura Chinchilla anunció que, por decreto, impulsaría cambios para fiscalizar mejor la evolución patrimonial de los empleados públicos.

Días mas tarde, el ministro de Planificación, Roberto Gallardo, informó de que el decreto anticorrupción se encontraba frenado porque aún no se había escogido a la nueva contralora y, primero, debían consultar con ella los cambios que estaban pensando impulsar.

A pesar de que la Asamblea Legislativa escogió a Marta Acosta como nueva Contralora General de la República, el pasado 21 de mayo, aún no se ha promulgado el decreto anticorrupción anunciado por la presidenta Laura Chinchilla Miranda.

FUENTE: Ernesto Rivera
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