Las luces que encandilan las caras de clientes de todas las edades donde se juegan su suerte con estos artefactos se limitaría solo a las que ya están operando.
Tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Congreso, el espíritu es el mismo: la nueva ley que regula casinos abraza y pone en cintura a la actividad de las “maquinitas” tragamonedas.
Dicha legislación –aprobada en segundo y definitivo debate el pasado 18 de junio– impone una multa de 10 salarios base (¢3,6 millones) por cada tragamonedas que opere sin permiso.
“Ya no se van a autorizar este tipo de máquinas o mesas en los locales chinos o pulperías u hoteles, estos últimos con una calificación menor a cuatro estrellas”, advirtió el director de Tributación, Carlos Vargas.
No desaparecen. Vargas dejó claro que los dueños de estos artefactos que ya tienen permiso municipal podrán seguir operando.
“Los locales chinos y pulperías que con anterioridad a la vigencia de la ley, tengan sus respectivas autorizaciones para máquinas tragamonedas o mesas de juego, podrán seguir funcionando y tendrán la obligación de pagar los impuestos respectivos”, agregó Vargas.
La nueva norma señala que solo podrán operar estos aparatos en hoteles que, como mínimo, estén en la categoría de cuatro estrellas, sin embargo, los derechos adquiridos por los patentados no pueden violentarse.
Hacienda deberá determinar cuántas máquinas hay en el país para evitar que se filtren nuevos aparatos, un número que solo conoce cada uno de los 81 municipios de todo el país.
En la Dirección General de Aduanas no tienen idea de cuántos aparatos de estos hay en el país, aceptó el subdirector de esa dependencia de Hacienda, Benito Coghi.
Aún así, diputados de todas las fracciones esperan que la ley permita aplicar el impuesto del 10% sobre las ganancias que generen las máquinas instaladas.
Para la diputada de Liberación Nacional (PLN), Alicia Fournier, deben ser los municipios los que regulen el cobro del tributo.
Sin embargo, su colega de curul y jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Fishman, considera que es Hacienda el responsable.
El legislador de Acción Ciudadana (PAC) Gustavo Arias acepta que faltó claridad en la ley, pero confía que el tema sobre quién debe cobrar el impuesto se resuelva vía reglamento.
En lo que sí coinciden los congresistas es en que la ley de casinos afecta a los centros de juego que sirven de gancho en pulperías y salones de juego en todo el país.
Mientras esto pasa, quienes alquilan estas máquinas cruzan los dedos para que la legislación no sea tan dura con su actividad.
Este es el caso de Sonia Hernández, de Oreamuno de Cartago, quien considera que el ingreso que percibe por las máquinas le ayuda a salir adelante con los costos de operación de su soda.
Los dueños de este tipo de actividades son difíciles de localizar. La mayoría de empleados consultados por este diario afirmó que los propietarios son orientales que hablan poco y que prefieren que no se les contacte, aunque es fácil encontrar en Internet anuncios de alquiler de estas máquinas, pero solo responden por correo electrónico cuando les es conveniente.
FUENTE: Esteban A. Mata - http://www.nacion.com
